Una red okupa que extorsionaba a propietarios en Alicante evita la cárcel tras un acuerdo judicial

Redacción | 26 de diciembre de 2025

Una organización dedicada a la ocupación ilegal de viviendas turísticas en la provincia de Alicante ha sido condenada a penas que no implican ingreso en prisión después de que sus miembros reconocieran los hechos y alcanzaran un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.

La sentencia, dictada por un juzgado de lo Penal de Alicante, da por probado que los acusados actuaban de manera coordinada y sistemática, utilizando la ocupación como mecanismo de presión para exigir importantes sumas de dinero a los propietarios de los inmuebles.

Un modus operandi planificado

El grupo alquilaba viviendas turísticas por periodos muy breves, generalmente fines de semana o pocos días, con el objetivo de acceder legalmente a los pisos. Una vez dentro, se negaban a abandonar las casas, introducían a familiares para reforzar la ocupación y dificultar cualquier intento de desalojo.

A continuación, contactaban con los propietarios para exigir cantidades que llegaban hasta los 14.000 euros a cambio de marcharse, acompañando las demandas de amenazas de causar graves destrozos en las viviendas si no se atendían sus exigencias.

Reparto de funciones dentro del grupo

La resolución judicial detalla que los acusados no actuaban de forma improvisada. Existía un reparto claro de tareas: uno de ellos ejercía como portavoz y negociador, fijando los importes y los plazos; otra acusada se encargaba de formalizar los alquileres mediante engaños y documentación falsa; mientras que el resto del grupo se ocupaba de mantener la ocupación y presionar directamente a los dueños.

Las viviendas seleccionadas no eran aleatorias, sino inmuebles situados en zonas turísticas y de alto valor, principalmente en el municipio de La Vila Joiosa.

Condenas sin ingreso en prisión

Como consecuencia del acuerdo alcanzado, dos de los acusados han sido condenados por dos delitos de extorsión y otro en grado de tentativa, con penas que suman un año y tres meses de prisión para cada uno. Otros tres procesados han sido condenados por un delito leve de usurpación, con multas económicas, y uno de ellos también por falsedad documental.

El tribunal ha acordado la suspensión de las penas privativas de libertad, por lo que ninguno de los condenados ingresará en prisión. La sentencia es firme y pone fin al procedimiento judicial.

Indemnizaciones y antecedentes de los hechos

Además de las condenas penales, los acusados deberán hacer frente a responsabilidades civiles que superan los 4.000 euros por los daños ocasionados en las viviendas.

Los hechos se produjeron entre 2021 y 2022 en distintos complejos residenciales de la zona de la Cala. En algunos casos, los propietarios llegaron a pagar las cantidades exigidas para recuperar sus casas, mientras que en otros optaron por denunciar, lo que finalmente permitió la detención del grupo tras ocupar una cuarta vivienda sin consentimiento alguno.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la ocupación ilegal, la extorsión a propietarios y los límites de la respuesta penal ante este tipo de delitos.

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