El senador Joan Comorera y la senadora Conchi Palencia han registrado hoy en el Senado una Proposición No de Ley para la regulación del cannabis. La iniciativa, que será debatida en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, plantea abrir el debate en torno a la regulación del uso terapéutico y recreativo de esta sustancia, siguiendo el nuevo marco de referencia que propone la UNGASS (Asamblea General de Naciones Unidas sobre el Problema de las Drogas en el Mundo). Esta iniciativa se ha elaborado con la colaboración de las plataformas de sociedad civil y de diversos expertos en la materia.
En 2013, Uruguay se convirtió en noticia por regular el acceso legal, con fines terapéuticos o recreativos, al Cannabis, siguiendo la estela de un país como Holanda. En 2017 Canadá también tiene previsto legislar en la misma dirección, tal y como sucede incluso en Estados Unidos, donde en Alaska, Oregón, Washington y Colorado ya existía una regulación y dónde, además, a través de un referéndum, California, Massachussets, Maine y Nevada han decidido hacer lo propio en el presente año. Sin embargo, en España y durante los últimos años, se ha ido en una dirección totalmente contraria, existiendo en la actualidad una situación compleja y de inseguridad jurídica en lo referente al uso del cannabis.
En nuestro país el consumo de cannabis no se ha considerado delito y durante los últimos 15 años, bajo la idea del consumo compartido, han funcionado los denominados Clubes Sociales Cannábicos, sin que se observaran demasiadas fricciones con la legalidad vigente. No obstante, la instrucción de la Fiscalía General del Estado 2/2013 ha generado un grave problema para estas asociaciones de consumidores, que pueden ser juzgadas por tráfico de drogas y por un delito de asociación ilícita. Y esto sucede a pesar de que varios parlamentos autonómicos (Navarra y Euskadi) han aprobado leyes que regulan o reconocen a las asociaciones cannábicas. De hecho, el Parlamento Vasco instaba en 2016 «a las Cortes españolas, al Gobierno del Estado y a la Administración de Justicia a efectuar avances sólidos, tanto en una regulación como en una interpretación jurídica consistentes, que permitan progresar de un modo decidido, al igual que otros países lo están haciendo, por la senda de regular el consumo del cannabis, siempre desde la perspectiva de que se trata de un producto que conlleva riesgos para la salud».
La PNL de Unidos Podemos, tal y como recoge el texto hoy registrado en sede parlamentaria, parte de la idea de que «el fenómeno del consumo de cannabis requiere de una profunda reflexión que pueda contar con todos los actores implicados», para así trabajar para una regulación acorde al nuevo contexto internacional, a la realidad social de nuestro país y que tenga en cuenta los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía, las evidencias científicas y el derecho a la salud.
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