El pleno de Les Corts de Valencia ha aprobado este jueves el decreto que establece reducciones temporales en las tarifas de servicios de transporte público gestionados por la Generalitat. Esta medida cuenta con el respaldo del PP, PSPV y Vox, mientras que Compromís se ha abstenido. El decreto estará vigente desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2025 e introduce cambios en la gratuidad del transporte, ahora limitada a menores de 14 años y residentes en los municipios más afectados por la dana. Para el resto de usuarios, se aplicará una disminución del 40% en los precios de abonos y títulos multiviaje.
Vicente Martínez Mus, conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, defendió en el pleno la firme apuesta del Consell por el transporte público, destacando que la Comunidad Valenciana es actualmente una de las regiones con tarifas más bajas. Además, resaltó el esfuerzo económico realizado para los municipios afectados por la dana mediante la tarjeta ‘Recuperem València’.
Desde el PP, José Ramón González de Zárate criticó al Gobierno central por su gestión del transporte público, señalando problemas como el “caos ferroviario”. En tanto, Miguel Pascual de Vox apoyó el decreto, subrayando la importancia de garantizar la movilidad de los ciudadanos. Sin embargo, denunció incidencias recientes en el sistema de alta velocidad.
Por su parte, Michel Montaner del PSPV destacó que las políticas de reducción tarifaria comenzaron bajo el gobierno de Ximo Puig y calificó la medida actual como “provisional a medio gas”. Añadió que el transporte gratuito para menores es financiado por el Gobierno español. María Josep Calabuig de Compromís criticó el fin de la gratuidad para jóvenes de entre 14 y 31 años, y cuestionó el manejo de las tarjetas de transporte por parte del Consell.
Además, Les Corts aprobó con votos del PP y Vox el decreto para modificar la ley de medidas de reestructuración del sector público, permitiendo a la empresa Ciegsa colaborar en la restauración de colegios dañados por la dana. Por otro lado, se rechazó una propuesta del PSPV sobre un nuevo plan estatal de vivienda, que pretendía aumentar los fondos públicos y mantener indefinidamente la calificación de vivienda protegida. La propuesta fue considerada por Fernando Pastor del PP como una “cortina de humo” para desviar la atención de otras preocupaciones del partido socialista.
