“Dos legislaturas es lo que está tardando el Ayuntamiento de Valencia en poner en marcha la ordenanza sobre gorrillas”, denuncian desde Unión, Progreso y Democracia. Se trata de dar salida a la ordenanza propuesta para regular las ocupaciones ilícitas de la vía pública.
Desde 2005, PP y PSPV no se ponen de acuerdo en algunos temas que incluye esa ordenanza y detiene todos los demás, entre los que se encuentran los gorrillas.
En relación a estos últimos, Eduardo Gómez, coordinador de UPyD en Valencia, ha declarado: “Que se haya convertido en una costumbre no significa que nos tengamos que resignar a ello. Ni nosotros ni los gorrillas. El peligro empieza por ellos mismos¨, señalan desde UPyD, ya que se colocan en medio de la calzada y corren el riesgo de ser atropellados.
Luego están las amenazas, que también preocupan a los ciudadanos. Gómez apunta que “es lógico que, ante la presión, los conductores den 50 céntimos a cambio de su tranquilidad. Pero es que eso ya se paga con sus impuestos. Pagar de más por algo ya garantizado se convierte aquí en una extorsión.”
Frente a la “ausencia” legal actual, la Policía Local tan sólo cuenta con la Ordenanza de Circulación de 2010 para sancionar la conducta de los aparcacoches.
En ella se estipula que “se considerará infracción grave la ordenación del estacionamiento efectuada por particulares”. En cualquier caso, está demostrado que las multas no funcionan, puesto que los individuos son insolventes y muchos no tienen domicilio fijo. Desde UPyD han propuesto que los sancionados acudan a cursos de seguridad vial para que se les informe del peligro al que se exponen. “De la misma forma que lo hacemos con quienes amenazan la seguridad vial por hacer maniobras temerarias, debemos hacerlo con quien invade la calzada y pone en peligro a los conductores y a sí mismo.”
En este sentido, UPyD ha felicitado públicamente a Miguel Domínguez, concejal de Seguridad Ciudadana, por la iniciativa de conmutar pequeñas condenas por trabajos como colaborador con la Policía Local.
Desde la formación magenta creen que es el momento de que la Ley respalde estas iniciativas. “Debemos acabar con el problema intentando que todos los grupos de interés salgan beneficiados. Una simple multa, aunque sea elevada, a la larga no disuade. La concienciación y las medidas respaldadas por una legislación adecuada son vitales para la convivencia en cualquier municipio”, ha concluido Gómez.
VLC Ciudad/Redacción
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