El Ayuntamiento de València dará un paso más para facilitar el acceso a la vivienda en alquiler al ampliar hasta los 45 años la edad máxima para acceder de forma prioritaria al parque municipal de alquiler asequible. La medida forma parte de una actualización en profundidad del Plan + Vivienda, con el que el consistorio pretende aumentar la oferta disponible y aliviar la presión de precios en la ciudad.
La alcaldesa, María José Catalá, ha presentado este lunes un nuevo paquete de iniciativas que redefine los criterios de acceso, moviliza suelo público infrautilizado y activa mecanismos de colaboración con el sector privado para incrementar el número de viviendas disponibles.
Más años, más oportunidades y un nuevo criterio de arraigo
Una de las principales novedades es la ampliación del perfil protegido hasta los 45 años, frente al límite anterior de 35. El cambio responde a la realidad actual del mercado, donde la emancipación se retrasa y el acceso a una vivienda se ha vuelto más complejo incluso para personas con empleo estable.
Junto a esta ampliación, el Ayuntamiento introducirá un requisito de arraigo mínimo de siete años de empadronamiento en València para acceder al registro de demandantes de vivienda pública. El objetivo es priorizar a quienes mantienen un vínculo continuado con la ciudad y desarrollan aquí su proyecto de vida.
Nace la Agencia Municipal de Alquiler
Otra de las piezas clave del plan será la puesta en marcha de la Agencia Municipal de Alquiler, un organismo diseñado para sacar al mercado viviendas actualmente vacías. El modelo ofrece seguridad a los propietarios —con garantía municipal de cobro— a cambio de alquilar los inmuebles a precios hasta un 20% inferiores al mercado.
El Ayuntamiento confía en que esta fórmula ayude a desbloquear cientos de pisos que hoy no se alquilan por temor a impagos o conflictos, al tiempo que permite a los inquilinos acceder a precios más asumibles.
Suelo educativo sin uso que se convertirá en vivienda
El Plan + Vivienda también contempla una actuación urbanística de gran alcance: la reutilización de solares de uso educativo que nunca llegaron a desarrollarse. En coordinación con la Conselleria de Educación, se revisarán hasta 500.000 metros cuadrados de suelo actualmente inactivo para destinarlos a vivienda dotacional integrada en barrios consolidados.
Estas promociones podrán ejecutarse tanto de forma directa por el Ayuntamiento como mediante fórmulas de colaboración público-privada, y estarán orientadas principalmente a jóvenes.
Cambios urbanísticos para aumentar la oferta
Entre las reformas normativas previstas destaca el aumento de la densidad residencial, pasando de las 75 viviendas por hectárea fijadas en el PGOU de 1988 a un nuevo máximo de 140 viviendas por hectárea. Además, se facilitará la división de grandes viviendas antiguas y la reconversión de bajos turísticos en viviendas residenciales, siempre que cumplan los requisitos de habitabilidad.
Estas medidas permitirán generar nuevas viviendas sin consumir más suelo, aprovechando el parque edificado existente.
Colaboración privada y presión al Estado
El Ayuntamiento también firmará convenios con promotores privados para reservar un cupo de Viviendas de Protección Pública destinadas al registro municipal de demandantes. Paralelamente, la alcaldesa ha anunciado que trasladará a la FEMP la necesidad de que el Gobierno central active de inmediato la construcción de vivienda pública en solares estatales sin desarrollar, como el Parque de Artillería o el Cuartel de Ingenieros, con capacidad para más de 800 viviendas de alquiler asequible.
Un balance con cifras
En los últimos dos años y medio, el gobierno municipal ha impulsado 446 viviendas públicas, tiene 1.000 más en construcción y ha multiplicado de forma significativa la inversión en vivienda respecto a mandatos anteriores. Además, se han activado planes urbanísticos que permitirán generar miles de viviendas en los próximos años.
Con este conjunto de medidas, València refuerza su estrategia para afrontar uno de los principales problemas sociales actuales: el acceso a una vivienda digna y asequible, especialmente para jóvenes y familias trabajadoras.
