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El Ayuntamiento de Valencia ha dado luz verde a la moratoria sobre los apartamentos turísticos
El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado una de las normativas más estrictas de España con el fin de evitar la proliferación de apartamentos turísticos en los barrios de la ciudad. Este miércoles, en el pleno del Ayuntamiento, se alcanzó un acuerdo con los votos favorables del equipo de gobierno y la oposición de Compromís y el PSPV. El acuerdo establece la exposición pública durante 45 días de la modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, que controla los usos terciarios hoteleros.
Juan Giner, concejal responsable del Área de Urbanismo, Vivienda y Licencias, señaló que este nuevo trámite demuestra una clara intención del gobierno municipal de detener la expansión de estos alojamientos. Durante el debate sobre la propuesta, Borja Sanjuan, portavoz del PSPV, expresó que la regulación de apartamentos turísticos debería afectar a todos los barrios y criticó que podría permitir la apertura de 6.000 nuevos apartamentos. «Con este tipo de acuerdos ganan quienes creen que Valencia es una ciudad en venta, destinada a ser visitada y no vivida», comentó Sanjuan.
Papi Robles, portavoz de Compromís, afirmó que esta normativa podría aumentar el número de plazas turísticas más allá de lo que puede soportar la ciudad, especialmente en zonas como Ciutat Vella, que ya está saturada de turistas. «Los residentes no solo compiten con las viviendas turísticas, sino también con edificios completos que incrementan la oferta hotelera de la ciudad», lamentó Robles.
Por otro lado, el concejal Giner explicó que la normativa pretende frenar el crecimiento de los apartamentos turísticos, estableciendo restricciones para mantener el equilibrio turístico en los barrios. Giner pidió a la oposición que suministre datos precisos y afirmó que el gobierno examina el problema de manera integral y restrictiva, buscando defender un modelo de ciudad que priorice a los habitantes y el comercio de proximidad.
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, cerró el debate defendiendo el trabajo de su gobierno en términos de vivienda y regulación, destacando que en un año y medio se han entregado más de 1.000 viviendas de protección oficial y se han intensificado las inspecciones y el cierre de actividades turísticas no registradas.
La normativa, actualmente en fase de exposición pública, incluye controles o limitaciones para garantizar un equilibrio sostenible entre apartamentos y plazas hoteleras. Entre las medidas propuestas, se prohíbe la creación de nuevas plazas turísticas en distritos y barrios donde ya se supere el 8% en comparación con el número de residentes empadronados.
Para preservar el uso residencial, se ha establecido que las viviendas turísticas no podrán exceder el 2% del total de viviendas residenciales en cada barrio. Esta regulación es más estricta que la del gobierno anterior, que limitaba al 10% en el Cabanyal. Además, se propone que el 85% de los locales comerciales en cada manzana de viviendas esté destinado a otros usos terciarios como oficinas, restaurantes y farmacias, reservando solo el 15% para viviendas turísticas.
Vox hace fracasar otra votación a Catalá
El pleno del Ayuntamiento de Valencia rechazó este miércoles la creación del nuevo Consejo Local de Inclusión y Derechos Sociales. Esto se debió a los 15 votos en contra de Compromís y el Grupo Socialista, junto con la abstención de los 4 representantes de Vox, quienes no participaron en el debate de este punto. Los 13 votos del Grupo Popular no fueron suficientes para sacar adelante el reglamento de este nuevo órgano municipal. La Delegación de Servicios Sociales tenía como objetivo adaptar la estructura de participación social de la ciudad a las normativas vigentes en servicios sociales inclusivos, conforme a la Ley 3/2019 de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana y el Decreto 217/22 del Consell.
