El Ayuntamiento de Valencia ha decidido cerrar la Fundación Valencia Activa, conocida por sus numerosos problemas internos. Este viernes, la Junta de Gobierno aprobó poner en marcha los trámites para su disolución debido a varios incidentes que han incluido la implicación de la Unidad Central Operativa (UCO) en sus investigaciones, críticas de la Intervención General, irregularidades en sus estatutos y sentencias laborales.
José Gosálbez, concejal de Empleo y portavoz de Vox, comunicó que la decisión se ha tomado para evitar duplicidades, reducir los costos y simplificar el acceso de los ciudadanos a temas de empleo y emprendimiento en el Ayuntamiento de Valencia. Indicó que los 24 empleados de la fundación, de los cuales 21 forman la estructura, se incorporarán al Ayuntamiento, mientras que los tres directivos no lo harán. Gosálbez afirmó que esta medida no es improvisada, sino fruto de un análisis de 20 meses acerca de las funciones de Valencia Activa y del servicio de Emprendimiento.
Ante la pregunta sobre si el cierre de la fundación era un objetivo premeditado, Gosálbez recordó que durante la etapa 2019-2023 ya se había cuestionado su utilidad, pero no se hizo un análisis profundo porque se encontraban en la oposición. Expresó que el dinero público no debe desperdiciarse y subrayó que la disolución debe ser aprobada por el patronato, previendo que se complete para diciembre de 2025.
Por su parte, Juan Carlos Caballero, portavoz del gobierno local y concejal popular, respaldó la decisión, destacando que busca optimizar los recursos públicos para facilitar el acceso a los servicios de empleo.
Las reacciones de la oposición no se hicieron esperar. Compromís y el PSPV han anunciado que llevarán el cierre a la Fiscalía. Papi Robles, de Compromís, aseguró que llevarán el caso a la Fiscalía para prevenir la destrucción de pruebas; mientras que Borja Sanjuan, del PSPV, hizo eco del llamado para garantizar que no se pierdan evidencias de posibles actos delictivos vinculados a la fundación.
El anuncio se produjo tras una investigación de la UCO que busca documentación sobre presuntas adjudicaciones irregulares. Un informe de la Intervención General en 2020 ya había señalado múltiples deficiencias en la fundación. Además, una sentencia laboral condenó al Ayuntamiento de Valencia por discriminación salarial injusta contra los trabajadores de la fundación.
Este no es un caso aislado, ya que el gobierno de María José Catalá también cerró la Fundación de la Policía Local en 2023, buscando evitar duplicidades y mejorar la eficiencia del presupuesto municipal.
