El Ayuntamiento aprueba una modificación presupuestaria de 51,6 millones para evitar que un fondo buitre se haga con el edificio y proteger a los inquilinos

El Pleno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado este martes una modificación presupuestaria clave para el acceso a la vivienda. Se trata de la compra de 134 pisos de protección oficial en el barrio de Sociopolis, pedanía de La Torre, con el objetivo de destinarlos a alquiler asequible y evitar su adquisición por parte de un fondo buitre.

La operación se enmarca dentro de la sexta modificación del presupuesto municipal de 2025, que asciende a 51,6 millones de euros. De ese total, 9 millones de euros se destinarán a la compra del bloque residencial, utilizando el derecho de tanteo y retracto que permite a las administraciones adquirir VPO antes de que pasen al mercado libre.

Una inversión para blindar el acceso a la vivienda y evitar desalojos

Según explicó la concejala de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, esta medida busca proteger a las familias residentes y asegurar que no sean desalojadas tras la venta del edificio. Los contratos de alquiler actuales serán subrogados por el Ayuntamiento y, en el futuro, las viviendas pasarán a formar parte de la bolsa municipal de alquiler asequible.

“Queremos incrementar el parque público de vivienda asequible, como ya hicimos en 2023 con la compra de un edificio en el barrio de Safranar”, recordó la edil.

Críticas de la oposición por la forma y el fondo

La medida no ha estado exenta de polémica. El portavoz socialista, Borja Sanjuán, criticó que el equipo de gobierno “al principio no quería comprar el edificio” y que ahora lo haga “gracias a una ley que ni siquiera defendía”. También denunció que la financiación proviene de partidas presupuestarias inicialmente previstas para otras actuaciones que finalmente no se ejecutarán.

Desde Compromís, la concejala Eva Coscollà cuestionó el procedimiento y la improvisación del ejecutivo municipal: “Este tipo de decisiones parecen más respuestas a presiones sociales que a una planificación estratégica”. Afirmó además que el presupuesto refleja “una política de efectos especiales, sin guion”.

¿Qué implica la sexta modificación presupuestaria?

Además de la compra del edificio en Sociopolis, los 51,6 millones de euros servirán para otros fines clave:

• Reducción de la deuda municipal en unos 25 millones
• Amortización parcial del préstamo participativo de Valencia Parque Central
• Inversiones en transporte público, deportes, innovación y servicios sociales
• Actuaciones en el Palau de la Música y el desarrollo del Plan Valencia Music City

María José Ferrer San Segundo defendió que esta modificación es “transversal y necesaria”, y que responde tanto a compromisos con las pedanías afectadas por la DANA como a necesidades estructurales de la ciudad.

Más críticas por la ejecución del presupuesto de emergencias

En el debate plenario, Borja Sanjuán denunció que de los 15 millones asignados a emergencias tras la DANA, aún quedan más de 11 millones sin ejecutar, y preguntó “¿qué puede pasar más grave que una DANA para no usar ese presupuesto?”

También cuestionó la desaparición de subvenciones nominativas a la Universitat de València, la UPV y diversas ONGs, mientras se ha financiado “el concierto de Francisco y Meconios”.

Coscollà, por su parte, calificó el actual presupuesto de “mascletà presupuestaria sin planificación” y lamentó que “ni los barrios, ni los pueblos ni los servicios públicos reciben inversiones ni soluciones”.

El gobierno defiende su gestión

Frente a las críticas, Ferrer San Segundo cerró su intervención defendiendo que “las catástrofes anunciadas por la oposición en cada modificación presupuestaria no se cumplen” y enumeró las actuaciones realizadas en las pedanías, como mejoras en viarios, alumbrado, canalizaciones, renovación de agua potable, así como en piscinas, centros culturales, deportivos y educativos.