La ciudad de València ha perdido la mayor parte de las subvenciones concedidas por el IVACE para el impulso de comunidades energéticas locales. El plazo para justificar las ayudas expiró el pasado 13 de enero y solo un proyecto ha logrado cumplir todos los requisitos dentro del tiempo establecido.
En total, se han quedado sin ejecutar 168.571,30 euros, más del 90% de los fondos asignados a iniciativas vinculadas a cubiertas de edificios públicos, una circunstancia que compromete seriamente la viabilidad futura de estos proyectos.
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Solo La Saïdia logra salvar la subvención
La única comunidad energética que ha conseguido justificar íntegramente la ayuda ha sido la Comunidad de Energía Renovable de La Saïdia, que recurrió a una cubierta privada alternativa para desarrollar su instalación fotovoltaica y acceder a una subvención de 16.096,09 euros.
En el caso de Malilla, que había presentado dos proyectos —uno sobre cubierta pública y otro privada—, únicamente ha podido justificar la parte correspondiente a la instalación privada. El resto de iniciativas han quedado fuera del proceso de validación.
Barrios afectados y ayudas perdidas
La pérdida de fondos se reparte entre varios barrios y proyectos de la ciudad, todos ellos inicialmente vinculados a cubiertas públicas que nunca llegaron a cederse:
- Castellar-l’Oliveral: 52.676,00 €
- Russafa: 45.715,61 €
- Malilla: 39.640,22 €
- Aiora i Algirós: 19.267,47 €
- COENSOMA (Malvarrosa): 11.272,00 €
Denuncia de falta de apoyo institucional
Desde la Xarxa de Comunitats Energetiques de València, que agrupa a todas las comunidades energéticas activas de la ciudad, se considera que la pérdida de estas ayudas no responde a un problema puntual, sino a una carencia estructural de procedimientos administrativos claros por parte del Ayuntamiento.
Las comunidades señalan especialmente la ausencia de un mecanismo estable para la cesión de cubiertas públicas, elemento imprescindible para el desarrollo de este modelo energético. Recuerdan que hace más de un año el consistorio se comprometió a poner en marcha dicho procedimiento y a informar periódicamente de los avances, compromisos que, según denuncian, no se han materializado.
Anuncios que no se han traducido en hechos
La situación resulta aún más controvertida si se tiene en cuenta que el propio Ayuntamiento anunció públicamente la disponibilidad de cubiertas para proyectos en Benimaclet, Ciutat Vella y Castellar-l’Oliveral, así como para el proyecto social de COENSOMA en la Malvarrosa. A día de hoy, ninguna de estas actuaciones se ha concretado ni se han comunicado avances efectivos.
Retrasos también en proyectos privados
Las dificultades no se limitan al ámbito municipal. Las comunidades energéticas alertan de retrasos administrativos por parte de la empresa distribuidora I-DE, del grupo Iberdrola, incluso en proyectos que sí cuentan con cubiertas privadas y cumplen con todos los requisitos técnicos.
Tanto el proyecto de La Saïdia como el de Castellar-l’Oliveral, los únicos que han avanzado por esta vía, están sufriendo demoras que afectan a su ejecución real.
Un futuro incierto para el modelo energético comunitario
A este escenario se suma la inminente finalización de la Oficina de Transformación Comunitaria, financiada con fondos Next Generation a través del IDAE, cuyo cierre está previsto para marzo. Su desaparición eliminará uno de los pocos canales directos de interlocución entre las comunidades energéticas y la administración local.
Además, la anunciada fusión de la Fundación València Clima i Energia con el CEMAS implica, según las comunidades, la desaparición de un organismo municipal especializado, lo que podría ralentizar todavía más la tramitación de futuros proyectos.
Una red nacida de la frustración
La Xarxa de Comunitats Energetiques de València surgió precisamente como respuesta a esta situación de bloqueo. Actualmente integra a las comunidades de Russafa, Poblats Marítims, La Raiosa, Aiora, Castellar-l’Oliveral, Benimaclet, Saïdia, Malilla, Ciutat Vella y COENSOMA, con el objetivo de coordinar esfuerzos y visibilizar los obstáculos que frenan la implantación efectiva de un modelo energético local, participativo y socialmente justo.
