La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha presentado en Les Corts un presupuesto para 2025 que alcanza los 602,64 millones de euros. Este presupuesto tiene como fin modernizar el sistema judicial, proteger a las víctimas, especialmente aquellas afectadas por la violencia de género, y garantizar el acceso equitativo a la justicia.
Una suma significativa de 95,95 millones de euros se destinará a la mejora de infraestructuras, incluyendo la creación de nuevas sedes en Sagunt, Villena, Xàtiva y Torrent, así como el avance en la Ciudad de la Justicia de Alicante. Otros 26,48 millones cubrirán reformas en sedes existentes como las de Ontinyent y Orihuela. También se invertirán casi ocho millones en equipos, 5,85 millones en innovación y 3,18 millones en eficiencia energética.
Martínez reafirmó su compromiso de implementar el nuevo sistema de gestión procesal Just@ para el final de 2025. Casi 25 millones de euros se destinarán al personal, alineándose con un acuerdo previo con los sindicatos sobre el complemento autonómico. Se otorgarán 800.000 euros para mediación en municipios y 1,1 millones para mantener juzgados de paz, que se convertirán en oficinas de justicia con la Ley Orgánica 1/2025.
El programa de atención a las víctimas recibirá 75,73 millones de euros, de los cuales 58,3 millones se centrarán en asistencia jurídica gratuita y programas de mediación. Martínez reafirmó su compromiso de pagar puntualmente el turno de oficio y ofrecer soporte en las oficinas de atención a víctimas, incluidas aquellas de violencia de género y terrorismo, destinando más de 300.000 euros en subvenciones para ello.
En el ámbito de la concordia, el presupuesto incluye 3,79 millones para desarrollar la Ley de Concordia, que ha reemplazado a la de Memoria Democrática desde 2024. Se mantendrán ayudas a la identificación de víctimas de la guerra civil y franquismo, y se ajustarán las subvenciones para exhumaciones debido a la eliminación del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática.
Se han incrementado presupuestos para fomentar el autogobierno, incluyendo apoyos a universidades, ayuntamientos y organizaciones como Juristes Valencians. En conmemoración del 750 aniversario del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, se ha aumentado su asignación financiera.
Desde el área de Administración Pública, la consellera destinará 29,85 millones para modernizar la administración, además de 8,7 millones para formación a través del Institut Valencià d’Administració Pública (IVAP).
Las reacciones a estos anuncios han sido variadas. Vox criticó el trato a los funcionarios y se mostró satisfecho por la reducción de ciertas subvenciones, mientras que desde el PSPV y Compromís se lamentó la falta de realismo del presupuesto y la supresión de fondos para la memoria histórica. Martínez respondió defendiendo los ajustes realizados y priorizando las entidades que considera importantes.
