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De la consulta sobre la lengua y los cien mil títulos de valenciano a la reconstrucción
El programa electoral del PPCV de 2023 ha sido un indicador para evaluar las acciones en materia educativa a mitad de la legislatura. Dejando a un lado las medidas técnicas, secundarias o excesivamente optimistas, como la ejecución del plan Edificant para el curso 2024-2025, lo cual era inviable con el trabajo que se tenía, se puede deducir que las tres grandes apuestas programáticas están en marcha.
Estas medidas se basan en el desarrollo del concepto de libertad defendido por el partido: gratuidad completa en las guarderías, eliminando el factor económico como limitante para la educación de niños de cero a tres años; modificación en la admisión de alumnos y establecimiento de un distrito único, permitiendo la elección libre de colegios sin restricciones geográficas; y la ley 1/2024, que promueve un modelo lingüístico equilibrado en las escuelas, fortaleciendo el uso tanto del castellano como del valenciano tras las legislaturas anteriores.
La nueva legislación también ha permitido considerar las preferencias familiares en la oferta de plazas educativas, sin llegar a una elección completamente personalizada. Además, regula la elección del idioma oficial para exámenes y permite obtener certificados oficiales de valenciano en base a estudios realizados. Hasta el jueves pasado, se habían emitido más de 105,000 certificados en diversos niveles, desde A2 hasta C1, incluyendo los solicitados desde 2008-2009 y aquellos emitidos directamente por los centros educativos.
La llegada de José Antonio Rovira a la conselleria fue complicada, con una plantilla de profesores incompleta para el curso 2023-2024 y un inicio académico caótico debido a problemas en el transporte escolar. Sin embargo, el siguiente curso se presentó tranquilo, exceptuando la oposición sindical a los cambios en las plantillas y la subsecuente judicialización de las mismas. Las políticas de gratuidad y admisión ya estaban implementadas, y la ley aprobada, hasta el 29 de octubre, cuando la situación cambió drásticamente.
En los meses recientes, Educación ha recibido críticas por la lentitud en la respuesta al desastre de la DANA. La conselleria ha defendido que antes de las vacaciones de Navidad, todos los estudiantes afectados fueron reubicados en centros educativos y que se hizo lo posible con los recursos disponibles, incluyendo reposición de material y creación de nuevas líneas de transporte. No obstante, los plazos para las reparaciones se han alargado, retrasando el retorno de muchos alumnos a sus entornos habituales. Los barracones prometidos para los centros destruidos aún no estaban disponibles antes de Semana Santa, llegando solo a dos de ocho escuelas. La promesa es que todo esté listo para septiembre, sin margen de prórroga.
La reconstrucción debe ser la prioridad en lo que resta de legislatura, abarcando tanto aspectos materiales, que podrían extenderse por tres o cuatro años para comunidades educativas más afectadas, como emocionales, dada la prevalencia de problemas de salud mental en más de un tercio de los jóvenes en la zona cero. Las unidades de detección precoz y el plan de bienestar emocional llegan en un momento crucial.
Estos trabajos deberán coexistir con medidas pendientes, como cambios en Primaria y la financiación universitaria, además de enfrentar una gran oposición en parte de la comunidad educativa. Los sindicatos han criticado duramente la nueva normativa de plantillas, y muchas familias consideran que el modelo propuesto por el PP presenta una falsa libertad.
