La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Valencia recibe aprobación de la Comisión de Patrimonio
Valencia ha dado un paso adelante hacia la implementación de su Zona de Bajas Emisiones (ZBE) al recibir la aprobación de la Comisión de Patrimonio este martes. La nueva ordenanza no afectará a los residentes de la ciudad hasta enero de 2028. Jesús Carbonell, concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, ha aclarado que la implementación se realizará de forma gradual para evitar que los vecinos deban cambiar de vehículo, en respuesta a las críticas de los grupos opositores Compromís y PSOE. Hasta 2028, los residentes en Valencia podrán circular libremente por la ZBE, y a aquellos que no puedan cambiar de coche se les ofrecerá un título de transporte urbano gratuito durante todo el año y un total de 48 días de acceso a la zona restringida.
La normativa, que espera el refrendo en el pleno municipal la próxima semana, entrará en vigor el 1 de diciembre de 2025. Inicialmente, hasta el 31 de diciembre de 2026, solo afectará a vehículos con etiqueta A provenientes de fuera de la provincia de Valencia, en su mayoría gasolina matriculados antes de 2001 y diésel antes de 2006. A partir de enero de 2027, la prohibición se ampliará a cualquier vehículo sin etiqueta procedente de fuera de la ciudad, y será total para todos los vehículos a partir de enero de 2028.
La ZBE cubrirá un área de 27,8 kilómetros cuadrados, delimitada por la Ronda Nord, Tarongers, Serrería y el Bulevar Sur. Se aplicará a turismos, motocicletas y ciclomotores sin etiqueta, según la clasificación medioambiental de la DGT. Excepciones estarán disponibles para vehículos relacionados con actividades económicas, servicios de emergencia, y aquellos utilizados por personas con movilidad reducida, familias numerosas, o que transporten menores de tres años o embarazadas.
El Ayuntamiento trabaja en los aspectos técnicos necesarios para la implementación, incluyendo un software de identificación de matrículas, cámaras y paneles informativos. Se ha previsto una campaña informativa para asegurar que todos los ciudadanos comprendan el funcionamiento de la ZBE. Jesús Carbonell ha resaltado que, aunque se busca cumplir la normativa estatal, el objetivo es también mejorar la calidad del aire de la ciudad.
Por otro lado, la concejala socialista María Pérez ha criticado a la alcaldesa María José Catalá por rechazar todas las alegaciones presentadas por las asociaciones vecinales. Según Pérez, la normativa es insuficiente y no cumple con las directivas europeas. Desde Compromís, Giuseppe Grezzi ha señalado posibles irregularidades en la medida, cuestionando su adecuación a los objetivos del programa europeo NextGenerationEU, y ha criticado la falta de interés del gobierno local en mejorar el transporte colectivo.
En conclusión, mientras la ZBE sigue adelante, la oposición sigue presionando para que se considere una revisión más exhaustiva y alineada con las normativas climáticas de la Unión Europea.
