La defensa de Salomé Pradas pide archivar la causa penal por la DANA y rechaza ser el “cabeza de turco” de la tragedia
Valencia, 25 de marzo de 2025
La defensa de la exconsellera de Justicia de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, ha solicitado el archivo de la causa penal abierta tras los devastadores efectos de la DANA del pasado 29 de octubre de 2024, en la que fallecieron 228 personas. En un escrito remitido al juzgado, su letrado ha calificado de “absolutamente inadmisible” que se pretenda responsabilizar penalmente a Pradas, asegurando que ha sido seleccionada como “cabeza de turco”.
“No existía un mando único”
El letrado ha negado que la exconsellera tuviera la responsabilidad directa en la gestión de la emergencia. Argumenta que no existía un “mando único”, sino un órgano colegiado: el CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrada), compuesto por representantes de varias administraciones. Según su versión, la dirección era “dual”, compartida entre Pradas y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.
A este respecto, señala que las competencias —y, por tanto, la responsabilidad— recaían tanto en la Generalitat como en la administración central.
La jueza descarta implicación del Gobierno central
Sin embargo, la jueza instructora de la causa ya zanjó esta cuestión en febrero, subrayando que la competencia en materia de protección civil corresponde a la administración autonómica. Consideró que vincular la actuación de la delegada del Gobierno con los fallecimientos e imprudencias del 29 de octubre “carece de cualquier asidero legal”.
El papel de la AEMET y otras instituciones estatales
La defensa de Pradas también apunta hacia organismos estatales como la AEMET, la Confederación Hidrográfica del Júcar y la propia Delegación del Gobierno, señalando que su papel durante la gestión de la DANA fue clave y que no se puede atribuir toda la responsabilidad a la Generalitat.
Causas estructurales y falta de infraestructuras
Además, el escrito sostiene que la tragedia no se debió únicamente a la intensidad de las lluvias, sino a la ausencia de obras de encauzamiento en ríos y barrancos como el del Poyo, cuya falta de ejecución se atribuye a decisiones de administraciones anteriores. La defensa considera que esta fue la causa principal de la catástrofe.
