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La ciudad de Valencia avanza en la regulación para controlar el incremento de apartamentos turísticos.
La Comisión de Urbanismo ha decidido someter a exposición pública durante 45 días una nueva normativa que prolongará por un año adicional la moratoria sobre la emisión de licencias para viviendas de uso turístico.
Según Juan Giner, esta decisión refleja la intención de la alcaldesa María José Catalá de combatir la expansión desmedida de apartamentos turísticos en Valencia, al contrario de lo ocurrido durante los ocho años de administración de la izquierda, donde no se implementaron medidas para su control.
La Comisión de Urbanismo, Parques y Jardines, Espacios Naturales y Mejora Climática confirmó, con apoyo del equipo de Gobierno (formado por el Grupo Popular y el Grupo Vox) y la oposición del Grupo Compromís y el Grupo Socialista, la exposición pública de la normativa urbanística destinada a limitar la presencia de apartamentos turísticos en la urbe. Hasta ahora, Valencia carecía de leyes específicas en este ámbito, y la puesta en marcha de estas medidas busca evitar la saturación de apartamentos turísticos en los distritos de la ciudad.
La modificación de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, en lo que respecta a los usos hoteleros, será expuesta al público. También se acordó extender la suspensión de licencias mientras continúa la aprobación de esta normativa. Estas decisiones deberán ser ratificadas en el Pleno del Ayuntamiento que se celebrará próximamente.
Juan Giner, responsable del Área de Urbanismo, Vivienda y Licencias, comentó que esta actuación del gobierno municipal de la alcaldesa María José Catalá demuestra un esfuerzo por mitigar el aumento descontrolado de apartamentos turísticos, contrastando con el fomento que tuvieron durante los gobiernos anteriores.
La normativa, después de su tramitación y aprobación ambiental pertinente, incluirá varias restricciones administrativas encaminadas a lograr un equilibrio sostenible entre la oferta de apartamentos y plazas hoteleras. El objetivo es priorizar el uso residencial y el comercio de proximidad, promoviendo un modelo turístico sostenible y de calidad que estimule la economía local y cree empleo, según destacó Giner.
La documentación relativa a la modificación puntual se someterá a inspección pública y consulta a otras administraciones durante un periodo de 45 días. Durante este tiempo, los ciudadanos podrán presentar comentarios o sugerencias. Además, se extenderá por un año más la suspensión de licencias, conforme a la normativa territorial.
Entre las medidas de control se prohíbe establecer nuevas plazas turísticas en distritos y barrios que superen el 8% del número de plazas turísticas en relación al número de empadronados. Para proteger el uso residencial, se impone una restricción que limita al 2% la proporción de viviendas turísticas en relación al total de viviendas residenciales de cada barrio, una medida que sustituye la anterior limitación del 10% en el Cabanyal.
Finalmente, para proteger el comercio, se establece una restricción del 15% en el uso de locales para viviendas turísticas en cada manzana, asegurando que el 85% de los locales se destinen a otros usos terciarios: oficinas, restaurantes, peluquerías, entre otros.
