El Ayuntamiento de Valencia adoptará un plan económico para supervisar gastos extraordinarios debido a la reducción de impuestos
El Ayuntamiento de Valencia implementará un seguimiento riguroso de los gastos no financieros a través del control de los resultados presupuestarios antes de aprobar cualquier modificación. Esta medida busca fiscalizar las alteraciones en el crédito empleadas para cubrir gastos imprevistos. Esta fiscalización ha sido impulsada tras el incumplimiento de la regla de gasto en 2024.
El informe describe que el aumento del gasto computable fue del 2,599%, ligeramente por debajo de la referencia del 2,6%. Sin embargo, la razón del incumplimiento se debe a la reducción de ingresos, resultante de cambios en ordenanzas municipales, cuantificados en 52,44 millones de euros.
Según María José Ferrer San Segundo, concejala de Hacienda y Presupuestos, el Ministerio de Hacienda comunicó inicialmente que un plan económico-financiero no sería necesario si la entidad local cerraba con equilibrio o superávit. Sin embargo, en marzo de 2025, el ministerio cambió su postura, indicando que las entidades con déficit en 2024 deben aprobar dicho plan, siguiendo el artículo 21 de la LOEPSF. Por ello, la Junta de Gobierno Local ha propuesto al Pleno la aprobación de un plan que no requerirá medidas adicionales, salvo monitorizar posibles incrementos del gasto presupuestario.
El informe señala también que, durante 2024, el Ayuntamiento enfrentó desembolsos no previstos de más de 23 millones de euros debido a la dana, además de 5,5 millones por atrasos de personal de 2022 y 2023, que el gobierno anterior no cubrió.
Críticas del PSPV
El portavoz socialista en Valencia, Borja Sanjuan, criticó a María José Catalá por la rápida pérdida de solvencia financiera lograda en los últimos ocho años de gobierno progresista. Sanjuan señaló que el actual gobierno del PP tuvo que aprobar un plan económico-financiero tras decidir reducir el IBI para las rentas más altas.
Sanjuan afirmó que, al llegar el Partido Popular en 2023, el Ayuntamiento era uno de los más saneados de España, con excelentes indicadores económicos y de sostenibilidad, así como un nivel de deuda prácticamente nulo. Sin embargo, la gestión de Catalá ha deteriorado estos logros en dos años, llevando a la necesidad de aprobar un plan de control.
El portavoz socialista destacó el exceso de gasto del gobierno municipal, atribuyendo la situación a una rebaja fiscal que, según él, solo beneficiaba a los propietarios de bienes de mayor valor en la ciudad. Esta política obligó al Ayuntamiento a adoptar un plan económico que dificultará la realización de modificaciones de crédito para atender inversiones y gastos extraordinarios, como los relacionados con la dana.
