En el pleno de abril, el Ayuntamiento de Valencia ha decidido solicitar al Gobierno de España la suspensión inmediata del Real Decreto 666/2023, que regula el uso de medicamentos veterinarios, para afrontar efectivamente el problema que intenta abordar el Reglamento de la Unión Europea 6/2019. La moción, presentada por Juan Carlos Caballero, portavoz municipal y concejal responsable de la Oficina Municipal de Bienestar Animal, critica la “transposición precipitada y sin sentido de la normativa europea” y pide un diálogo con profesionales veterinarios para aplicar normativa que garantice el bienestar animal. Además, se ha acordado reclamar un IVA reducido para la atención y productos veterinarios.
Caballero argumenta que el Real Decreto, a pesar de sus buenas intenciones, se ha convertido en una restricción severa que olvidó la profesionalidad veterinaria y obstaculiza el tratamiento adecuado de animales, afirmando que es necesario reducir la burocracia. Giuseppe Grezzi, del Grupo Compromís, sugirió bajar el IVA al 8% y realizar campañas informativas para la esterilización responsable de mascotas. Sin embargo, Nuria Llopis, del Grupo Socialista, expresó que la moción excede las competencias del Ayuntamiento.
Un veterinario presente en el pleno también expresó su oposición al decreto, alegando que no ha sido consensuado con el sector y perjudica a los profesionales.
Por otra parte, se rechazó una moción del Grupo Socialista para crear una comisión que investigue la gestión del Ayuntamiento durante el fenómeno meteorológico de la Dana. Borja Sanjuán, portavoz socialista, criticó la falta de información sobre las acciones del gobierno municipal durante el evento y solicitó mejorar la gestión futura de emergencias.
En otro tema del pleno, se rechazó la moción del PSPV-PSOE sobre la vulneración de derechos de personas sin hogar y familias acogidas, con presencia de Francisco Mora Cartier, presidente del Observatorio Valenciano de las Migraciones, quien alertó sobre la separación de familias en los procesos de acogimiento. Maite Ibáñez, del Grupo Socialista, denunció malas prácticas y pidió medidas para proteger estas familias.
En contraste, la concejala de Servicios Sociales, Marta Torrado, defendió la actuación municipal y detalló acuerdos con entidades para aumentar la capacidad de atención en la ciudad.
Asimismo, se aprobó una moción del equipo de gobierno para garantizar el cumplimiento de requisitos en el proyecto de la avenida Pérez Galdós, mientras que se rechazó una propuesta del Grupo Socialista para investigar adjudicaciones de contratos de publicidad institucional. También se rechazó una moción de Compromís sobre colapso de servicios sociales municipales.
