Vecinos afectados por la DANA denuncian que una empresa se queda su dinero sin reparar los edificios

Más de una treintena de comunidades aseguran que la empresa cobró ayudas del Consorcio pero, más de un año después, las obras siguen sin hacerse.

Más de un año después del paso de la DANA, numerosas viviendas de l’Horta Sud continúan en un estado muy similar al que presentaban semanas después de la catástrofe. La diferencia, según relatan los vecinos, es que ya no hay barro, retirado en su mayor parte por voluntarios, pero las reparaciones prometidas siguen sin llegar.

El problema, denuncian, es que las ayudas del Consorcio de Compensación de Seguros no han servido para reconstruir los edificios, ya que el dinero habría sido cobrado por una empresa encargada de las obras que, según afirman, no ha ejecutado prácticamente ningún trabajo.

Más de 50.000 euros cobrados y obras paralizadas

Los afectados aseguran que la empresa, externa a la Comunitat Valenciana, se ofreció a gestionar todo el proceso de reparación, asegurando que los vecinos no tendrían que adelantar dinero. La compañía cobraría directamente del Consorcio, a través de contratos firmados con las comunidades.

Sin embargo, tras recibir pagos que superan los 50.000 euros, la actividad se limitó a apenas una semana de trabajos en enero de 2025. Desde entonces, las obras se encuentran completamente paralizadas.

Portales sin reparar, garajes inutilizados, trasteros anegados y ascensores fuera de servicio son todavía hoy la realidad en muchos edificios afectados.

32 comunidades afectadas en la zona cero

Elisabeth González, vicepresidenta de la Asociación de Damnificados por la DANA de l’Horta Sud y vecina afectada, ha explicado que la entidad ha recibido denuncias de al menos 32 comunidades de propietarios en municipios como Catarroja, Massanassa, Aldaia o Albal.

“Hay personas mayores y con movilidad reducida que llevan más de un año sin poder bajar a la calle porque los ascensores siguen sin funcionar”, denuncian los vecinos.

En algunos casos, las comunidades han tenido que contratar por su cuenta nuevas empresas para reactivar servicios básicos, como los elevadores, asumiendo un coste añadido.

Contratos sin plazos y pagos bloqueados

Según los abogados de varias comunidades, los contratos firmados con la empresa presentan graves deficiencias. No se establecen plazos claros de finalización de las obras ni mecanismos de control sobre los trabajos ejecutados.

Tras comprobar que no se realizaban avances, algunas comunidades decidieron bloquear los siguientes pagos del Consorcio. La respuesta, aseguran, fue una advertencia directa de la empresa: si no cobraban, no regresarían a trabajar.

En otros edificios, los vecinos denuncian que se cobraron importes elevados por actuaciones mínimas, como la instalación de una bomba de agua, telefonillos que no funcionan o la retirada de elementos ya deteriorados.

Vía judicial y falta de respuesta institucional

Ante la situación, varias comunidades han puesto el caso en manos de abogados y estudian una demanda colectiva para intentar recuperar el dinero y desbloquear la reconstrucción de sus viviendas.

Los afectados aseguran no haber obtenido una respuesta efectiva ni de la Generalitat Valenciana ni de la Delegación del Gobierno, y denuncian sentirse abandonados más de un año después de la catástrofe.

“Lo peor no es solo el dinero, es la sensación de que se han aprovechado de una desgracia”, resumen algunos vecinos.

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