La Guardia Civil investiga 26 empadronamientos irregulares y detiene a cuatro personas que supuestamente utilizaban contratos de alquiler falsos

Varios vecinos de Burriana descubrieron que en sus propias viviendas figuraban empadronadas personas extranjeras a las que no conocían. Sus denuncias acabaron poniendo a la Guardia Civil tras la pista de una presunta trama que habría utilizado contratos de alquiler falsificados para conseguir el empadronamiento irregular de 26 ciudadanos extranjeros.

La operación ha terminado con cuatro detenidos, tres hombres y una mujer, investigados por su presunta participación en una organización estructurada que operaba principalmente alrededor del sector inmobiliario.

Una inmobiliaria, clave en la investigación

Las pesquisas se prolongaron durante varios meses hasta que los agentes pudieron reconstruir el supuesto funcionamiento del grupo.

Una de sus principales integrantes estaba relacionada con una inmobiliaria de Burriana y, según la investigación, aprovechaba esta posición para obtener información de clientes.

Con esos datos se confeccionaban presuntamente contratos de alquiler que no se correspondían con arrendamientos reales.

Vendían los contratos a extranjeros no comunitarios

Los documentos falsos pasaban posteriormente a otros miembros del grupo.

Estos los proporcionaban a ciudadanos extranjeros no comunitarios que los utilizaban para empadronarse en Burriana, aunque presuntamente no residían en los domicilios indicados.

A cambio, según la Guardia Civil, los interesados entregaban una compensación económica.

Este sistema explicaría por qué algunos propietarios o residentes terminaron encontrando inscritos en sus viviendas a desconocidos.

26 empadronamientos bajo investigación

La Guardia Civil cifra en 26 los extranjeros presuntamente empadronados ilegalmente mediante este procedimiento.

A los cuatro arrestados se les atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, usurpación de estado civil y falsificación de documentos privados.

La investigación policial describe una estructura jerarquizada en la que los integrantes tenían diferentes cometidos, desde la obtención de los datos hasta la elaboración y posterior distribución de los contratos.

Las detenciones y las acusaciones policiales no suponen una condena. Las responsabilidades concretas deberán determinarse durante el correspondiente procedimiento judicial.