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Vecinos del Cabanyal reclaman la eliminación de cámaras en apartamentos turísticos que apuntan a la calle
La Federación de Vecinos de Valencia y la asociación de vecinos del Cabanyal-Canyamelar han estado denunciando durante años el aumento de apartamentos turísticos en la ciudad, especialmente en la zona costera. Recientemente, han descubierto que varios edificios con estos alojamientos han instalado cámaras de vigilancia en las puertas de los establecimientos, enfocando las calles, algo que no está permitido por la legislación. Así lo asegura Daniel Adell, presidente de la asociación de vecinos Cabanyal-Canyamelar.
Adell ha señalado que han identificado algunas de estas cámaras instaladas en la zona de Juan Verdeguer, en el Grao, y en la calle Fuente Podrida, junto a la calle Doctor Lluch y Blocs Platja. Explica que en el pasado, los vecinos solicitaron cámaras disuasorias en áreas con problemas, como la plaza del Rosario, debido a actos vandálicos y agresiones al mobiliario urbano, pero su petición fue desestimada por cuestiones de protección de datos. Sin embargo, ahora las empresas que gestionan los apartamentos turísticos colocan cámaras que enfocan a los transeúntes, sin que nadie lo regule.
Ante esta situación, los vecinos exigen más inspecciones, argumentando que estos apartamentos parecen proliferar en las calles del Grao, Cabanyal-Canyamelar y Nazaret, y cuentan con cámaras privadas que se presumen se utilizan para proteger sus negocios turísticos. Desde la entidad vecinal denuncian que, mientras las cámaras de interés general se someten a un escrutinio riguroso, las leyes parecen no aplicarse con la misma severidad en el caso de los apartamentos turísticos, permitiendo la vulneración de derechos fundamentales. Critican que se prioriza el beneficio económico del inversor sobre la calidad de vida de los residentes.
Además, la asociación vecinal afirma que hace más de un año solicitaron al Ayuntamiento de Valencia el listado de apartamentos turísticos legales, pero aún no han recibido respuesta. Incluso el Síndic de Greuges otorgó un plazo de 90 días a las autoridades municipales para entregar el listado, plazo que no se ha cumplido.
