El portavoz de Vox en Les Corts Valencianes, José María Llanos, ha respaldado públicamente la decisión de la Mesa del Parlamento valenciano de estudiar posibles medidas tras los incidentes protagonizados por docentes invitados al pleno de Les Corts durante las protestas educativas.
Llanos aseguró este miércoles que, si se demuestra que hubo conductas que puedan considerarse delictivas, “evidentemente deben tener consecuencias”.
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“Las leyes y reglamentos están para cumplirse”
Durante su comparecencia ante los medios, el dirigente de Vox defendió la actuación de la Mesa de Les Corts y afirmó que no se pueden permitir “desórdenes públicos” ni actitudes de “deslealtad con las instituciones”.
“Nos parece correcta la medida adoptada por la Mesa de las Cortes. Si se ha cometido una conducta que puede ser considerada como delictiva, evidentemente debe tener sus consecuencias. Las leyes y los reglamentos están para cumplirse”, afirmó.
Llanos recordó además que las personas que protagonizaron la protesta habían sido invitadas por un grupo parlamentario, en referencia a Compromís, y defendió que cualquier medida disciplinaria deberá ajustarse al reglamento parlamentario.
Debate sobre posibles acciones judiciales
Las declaraciones llegan después de conocerse que la presidencia de Les Corts habría solicitado informes jurídicos para estudiar posibles actuaciones tras las protestas protagonizadas desde la tribuna de invitados del hemiciclo.
Entre las opciones planteadas se encontrarían:
- Medidas disciplinarias.
- Restricciones de acceso.
- O incluso el posible traslado de los hechos a Fiscalía si se apreciara algún ilícito penal.
La polémica ha intensificado todavía más el choque político alrededor de las movilizaciones educativas que se desarrollan desde hace semanas en la Comunitat Valenciana.
VOX también denuncia “intimidaciones” contra CSIF
Durante su intervención, José María Llanos aprovechó además para condenar los incidentes ocurridos en la Conselleria de Educación durante las negociaciones sindicales.
Según denunció, representantes sindicales de UGT, CCOO y STEPV habrían intimidado y coaccionado a miembros de CSIF.
El portavoz de Vox afirmó que se habría impedido durante horas la salida de representantes sindicales de CSIF de las instalaciones de la Conselleria.
Defensa de la libertad sindical
Llanos aseguró que esos hechos supondrían un ataque directo a la libertad sindical y al derecho de asociación reconocido en la Constitución.
“El derecho a la libertad de asociación y de sindicación es esencial y está recogido en nuestra Constitución”, afirmó.
El dirigente de Vox expresó además “todo el apoyo” de su formación al sindicato CSIF y mostró su “repulsa” ante cualquier conducta que considere intimidatoria.
Máxima tensión política y educativa
Las declaraciones de Vox se producen en un momento de máxima tensión política y social en la Comunitat Valenciana, marcado por:
- Huelgas docentes.
- Acampadas en Valencia.
- Protestas frente a instituciones.
- Manifestaciones educativas.
- Choques entre sindicatos.
- Y enfrentamientos políticos entre Generalitat, Delegación del Gobierno y oposición.
Mientras tanto, las negociaciones entre Conselleria y sindicatos continúan bloqueadas y el conflicto educativo sigue creciendo a pocos días de la celebración del Corpus Christi en Valencia.
Delito contra las instituciones del Estado
El informe del letrado-director de Seguridad de Les Corts también apunta la posibilidad de que lo ocurrido en el último pleno pudiera ser constitutivo de un delito contra las instituciones del Estado o contra la paz pública, recogidos en los artículos 497 y 557 del Código Penal.
Cita como antecedentes, una protesta de UGT en Les Corts en el año 2000, que obligó a detener el pleno varios minutos al no querer desalojar el palco de invitados los manifestantes, quienes finalmente fueron condenados a 360 euros de multa; así como otra ocurrida en el Parlamento vasco en 2005, que acabó con varios detenidos y enfrentamientos, y con una condena de 1.260 euros de multa.
El documento señala que los hechos ocurridos en Les Corts, siendo análogos a los anteriores, que fueron considerados delitos contra las instituciones del Estado, “no alcanzan la intensidad de los que se describen en las sentencias citadas”, aunque indica que ello no impide, si se estima que “dicha causa pudiera ser, a juicio de la Mesa, constitutiva de delito, que la Presidencia dé cuenta de los hechos al Ministerio Fiscal”.