Vox ha presentado una serie de enmiendas al proyecto de ley para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), solicitando que se garantice a los beneficiarios de la ayuda el acceso al aprendizaje del idioma, alfabetización y plena participación cultural y convivencial, en línea con las costumbres del país. Además, la formación liderada por Santiago Abascal insiste en que se renuncie a cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de la infancia y las mujeres, además de clasificar la ocupación de una vivienda como una infracción “muy grave”.
La propuesta busca modificar el apartado 3 del artículo 17 para incluir un itinerario dentro del Plan de Atención Individual de Inclusión (PAI) que fomente el aprendizaje del idioma y el acceso al empleo. Asimismo, Vox propone reducir el plazo para resolver las solicitudes de la renta a un máximo de cinco meses, tras lo cual, si no hay resolución, se considerará que la solicitud ha sido denegada por silencio administrativo.
Otra enmienda presentada sugiere modificar el apartado 2 del artículo 4, eximiendo a personas entre 23 y 30 años de acreditar vida independiente durante los dos años previos a la solicitud en casos específicos, como víctimas de violencia sobre la mujer o intrafamiliar. Vox también propone que, en situaciones de especial vulnerabilidad, no se exija este requisito si se demuestra arraigo cultural y social en el municipio, respaldado por un diagnóstico de vulnerabilidad o exclusión social.
En cuanto a las obligaciones de los beneficiarios, el partido sugiere añadir la responsabilidad de que los menores bajo su tutela asistan al centro educativo correspondiente. En el apartado de infracciones muy graves, Vox propone considerar la ocupación de vivienda sin título habilitante, una situación acreditada judicialmente, y prácticas denigrantes contra la infancia o mujeres como conductas sancionables.
Sobre el requisito de residencia, Vox propone que se considere cumplido si el solicitante está empadronado en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana por un mínimo de 12 meses seguidos antes de la solicitud o cinco años dentro de los últimos 10 años. Excepcionalmente, si el empadronamiento no es posible, la residencia podría acreditarse mediante la Tarjeta Sanitaria Individual (SIP) u otros documentos pertinentes.
La diputada de Vox, Miriam Turiel, defiende estas enmiendas argumentando que la mejor política social es aquella que promueve el empleo digno evitando la dependencia de ayudas públicas. Critica a la izquierda por su tratamiento de la violencia machista y reitera que la educación es crucial para el progreso social.
El Partido Popular, por su parte, ha sugerido que la ocupación ilegal de vivienda, demostrada mediante sentencia judicial, sea causa para la extinción de la RVI. Mientras tanto, el PSPV acusa al PP de pagar una “primera factura” a Vox para asegurar el apoyo a su candidato a la presidencia de la Generalitat.
Compromís ha expresado que las enmiendas son parte de un “pacto indecente” entre el PP y Vox, calificando la propuesta de perturbadora en un contexto de recortes. Según el parlamentario Francesc Roig, estos movimientos buscan desviar la atención de la protección ofrecida a Carlos Mazón y demandan la convocatoria de elecciones para permitir que el pueblo valenciano tenga voz en estos temas.
