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Vox aprueba una Zona de Bajas Emisiones sin sanciones en Castellón mientras mantiene el bloqueo en Valencia
El tiempo para que Valencia apruebe su Zona de Bajas Emisiones con todas las formalidades se está agotando. Este no es un asunto menor, ya que el Ayuntamiento podría perder hasta 150 millones en fondos europeos si no se implementa para 2026. Hasta ahora, la planificación para cumplir con esta directriz europea diseñada para combatir la contaminación en grandes ciudades se había seguido en la capital valenciana, pero fue interrumpida por Vox. Este partido, aliado del Partido Popular en el gobierno municipal, votó en contra de la propuesta en el pleno de octubre pese a haberla apoyado en cinco votaciones anteriores. No obstante, la formación liderada por Santiago Abascal ha respaldado la ZBE en Castellón, una regulación que no impone restricciones a los vehículos sin importar sus etiquetas.
Contactados para que explicaran las razones detrás de su postura, representantes de Vox en el Ayuntamiento de Castellón señalaron: “En Castellón hemos aprobado que no haya restricciones para los coches”. Mientras tanto, desde la administración de José Gosálbez afirmaron que su postura no había cambiado desde el pleno de octubre.
La ordenanza en Castellón incluye umbrales de contaminación que, si se excedieran, activarían restricciones al tráfico. Sin embargo, las mismas fuentes de Vox aseguran que estos niveles “nunca se van a alcanzar” debido a que Castellón no padece actualmente altos niveles de contaminación, y las obras, como la aplicación de asfalto fotocatalítico y el aumento de zonas verdes, han contribuido a reducir la polución.
“En Valencia no están tomando estas medidas; planean establecer una ZBE como en Málaga, que prohíbe la entrada a vehículos sin etiqueta. Esto es restrictivo y no lo aprobaremos en ningún lado. Pero si se actúa con inteligencia, se puede cumplir la ley sin perjudicar a los vecinos. Esto es lo que hemos logrado en Castellón”, puntualizaron fuentes de Vox del consistorio castellonense.
A pesar de la oposición constante de Vox, el Partido Popular intentó un pacto de emergencia con la oposición, formada por Compromís y PSPV, para salvar la ZBE. Sin embargo, las negociaciones no han avanzado. El próximo lunes se convocará un pleno extraordinario para discutir, entre otros temas, la Zona de Bajas Emisiones.
El 1 de diciembre era la fecha inicialmente prevista para la entrada en vigor de la medida, imponiendo sanciones a vehículos con etiqueta A de fuera de la provincia. Aunque aún no se ha aprobado la normativa y no se pueden aplicar multas, las más de 400 cámaras de videovigilancia se encenderán para realizar estudios sobre la movilidad.
En el último pleno, el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, propuso adelantar la prohibición para los vehículos con etiqueta A de la ciudad al 1 de julio de 2027 y prohibir la etiqueta B para los foráneos un año después de superar los umbrales de contaminación vigentes desde 2020. Además, incluyó la posibilidad de integrar los barrios de San Isidro, San Marcelino y el Marítimo en la ZBE.
«Falsa Zona de Bajas Emisiones»
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuan, criticó las maniobras de María José Catalá por comprometer la calidad del aire en Valencia, con el respaldo de Vox. Según el PSPV, Sanjuan expresó su preocupación por las negociaciones de Catalá para aprobar una ZBE sin sanciones: “Es decir, que ni mitigaría el exceso de aire contaminado que respiran los vecinos de Valencia en la actualidad ni evitaría la pérdida de las ayudas europeas o el aumento del bonobús”.
Sanjuan advirtió sobre la irresponsabilidad de Catalá si acordara con Vox una ZBE sin régimen sancionador, similar a la de Castellón, ya que esto no mejoraría la calidad del aire ni evitaría las sanciones, que costarían 150 millones de euros al ayuntamiento. Además, las ayudas al transporte público se verían afectadas, haciendo de Valencia la única gran ciudad sin subsidios para este sector.
El intento “desesperado” de Catalá, según Sanjuan, demuestra la falta de intención real de abordar la contaminación en Valencia y tan solo busca complacer al ministerio para evitar sanciones, en lugar de avanzar hacia una ciudad más limpia y con menos tráfico. “María José Catalá debería ser responsable como alcaldesa, acordar una ZBE genuina y preservar las ayudas, mejorando la calidad del aire”, concluyó Sanjuan.
