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Vox da luz verde a una Zona de Bajas Emisiones sin sanciones en Castellón mientras bloquea la medida en Valencia
El tiempo para que Valencia apruebe su Zona de Bajas Emisiones se acorta cada vez más, un atraso que podría costarle al Ayuntamiento hasta 150 millones en fondos europeos si no cumple con la normativa antes de 2026. Valencia estaba cumpliendo con las directrices comunitarias para reducir la contaminación ambiental en grandes ciudades hasta que Vox, socio del Partido Popular en el gobierno local, se retiró de la propuesta en el pleno de octubre, a pesar de haber apoyado la medida en cinco votos anteriores. Contrariamente, el partido liderado por Santiago Abascal respaldó la implementación de una Zona de Bajas Emisiones en Castellón, donde la ordenanza no incluye restricciones ni sanciones para ningún tipo de vehículo, independientemente de su etiqueta.
Representantes de Vox en el Ayuntamiento de Castellón explicaron que en Castellón se ha aprobado una ZBE sin restricciones para automóviles. No obstante, la ordenanza detalla que si se superan ciertos umbrales de contaminación, se activarían restricciones al tráfico. Según los mismos representantes, estos niveles no se alcanzarán, ya que Castellón no presenta hoy altos niveles de contaminación, y las obras como el asfalto fotocatalítico y la creación de zonas verdes han reducido la polución.
Por otro lado, en Valencia, la postura de Vox sigue inmutable. El partido argumenta que la implementación allí sería restrictiva, comparándola con el caso de Málaga. Mientras tanto, el Partido Popular intentó sin éxito llegar a un acuerdo con la oposición, compuesta por Compromís y PSPV, para avanzar con la ZBE. Las negociaciones se encuentran estancadas, pero se convocará un pleno extraordinario el próximo lunes para discutir, entre otros temas, la Zona de Bajas Emisiones.
Aunque la normativa no está aprobada y no se pueden imponer multas, más de 400 cámaras de videovigilancia se activarán para estudios de movilidad. En el último pleno, el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, propuso adelantar la prohibición de etiqueta A en coches de la ciudad al 1 de julio de 2027 y aplicar restricciones a vehículos de etiqueta B en caso de superar los límites de contaminación establecidos.
El portavoz socialista en Valencia, Borja Sanjuan, criticó duramente el enfoque de María José Catalá, acusándola de condenar a los ciudadanos a un aire más contaminado con la complicidad de Vox. Sanjuan alertó que una ZBE sin sanciones, como la de Castellón, no mejorará la calidad del aire ni evitará la pérdida de fondos europeos. Subrayó la necesidad de una ZBE auténtica y de no perder subsidios al transporte público, instando a la alcaldesa a ser responsable y cooperar con la oposición en una propuesta genuina para una ciudad más limpia y con menos tráfico.
