Vox presenta una enmienda al proyecto del Consell para crear un nuevo Tribunal de Recursos Contractuales
Valencia, 13 de octubre — Vox ha registrado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de la Conselleria de Hacienda que propone la creación de un nuevo Tribunal de Recursos Contractuales. Según detalla la memoria económica del Consell, esta iniciativa implicaría un gasto mínimo de 195.000 euros solo en sueldos, sin considerar la estructura de personal ni el inmueble necesarios para su funcionamiento. Vox argumenta que estas funciones podrían ser asumidas por el Consell Jurídic Consultiu (CJC) sin costo adicional.
En un comunicado, Vox resalta que la Comunidad Valenciana no debe permitirse “más duplicidades administrativas ni organismos políticos creados a medida”, especialmente en un contexto económico complicado por la elevada deuda pública y las tensiones de tesorería derivadas de la infrafinanciación estatal y años de despilfarro.
La enmienda recuerda que, a finales de junio de 2025, la Generalitat sufrió impagos en servicios esenciales debido a la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez de conceder el Fondo de Liquidez Autonómico. En respuesta, el presidente Carlos Mazón anunció un plan de ajuste para mejorar la gestión financiera. Sin embargo, dos semanas después, la Conselleria de Hacienda presentó este nuevo proyecto de ley.
Vox también resalta que desde 2012, el CJC ha propuesto asumir estas competencias, ofreciendo hacerlo sin incurrir en costes adicionales para la Administración. Asimismo, critican que el proyecto del Consell pone en riesgo la imparcialidad al hacer depender los medios del tribunal de la Conselleria de Hacienda, lo que podría dar lugar a interferencias políticas.
Vox defiende un modelo “eficiente, austero y libre de clientelismo”, y se opone al acuerdo del Partido Popular con el nacionalismo, que consideran aumenta innecesariamente la administración. Instan a utilizar organismos existentes, como el Consell Jurídic Consultiu, para evitar nuevos gastos estructurales que comprometan el presupuesto de sanidad, educación y servicios esenciales. En su opinión, es fundamental proteger la independencia de los órganos de control frente al poder político y evitar la creación de nuevas estructuras mientras se recortan servicios esenciales. La Comunidad Valenciana, sostienen, necesita austeridad, responsabilidad y eficiencia.
