
El PP criticó la ley por no estar dotada económicamente y repercutir el coste de su aplicación a los ayuntamientos y diputaciones. La diputada Sagrario Sánchez la comparó con la Ley de Dependencia, «que Zapatero la hizo sin dotarla económicamente». La diputada dijo que la ley era buena en cuanto a estructura y organización pero no podía ser que la Generalitat dijera «yo ordeno y tu pagas», y advirtió que cuando los ciudadanos lleguen al ayuntamiento les dirán «lo sentimos mucho pero no te podemos atender».
Sánchez repasó también las carencias a las que no dará solución esta ley y las concretó en 13.000 plazas para la tercera edad y 4.500 plazas para centros educacionales. Concluyó que la ley era «inmadura» y lo basó en que «Compromís, que está en el Consell, es el grupo que más enmiendas ha presentado».
En el plano formal, el PP presentó un nuevo recurso de reposición ante la Mesa de Les Corts por «las faltas y errores» que se han producido durante la tramitación de la ley. José Juan Zaplana aseguró que de no aceptarse este recurso, el grupo popular presentará un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por «la falta de transparencia».
Al respecto, la vicepresidenta Oltra se preguntó si los diputados populares «se habían escaldado» revisando las enmiendas.
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