El pleno de la sala de lo penal del Tribunal Supremo (TS) se pronuncia hoy sobre si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) es o no competente para juzgar a dos ex diputadas autonómicas del PP y otros ex altos cargos de la Generalitat Valenciana en relación con los contratos con la trama Gürtel para el montaje del stand valenciano en Fitur.
La decisión gira en torno a qué tribunal es competente en caso de que un aforado bajo acusación renuncie a su cargo, criterio que tendrá a su vez en cuenta el momento en el que se formalizó dicha renuncia. El pleno que se celebra hoy será el que determine un criterio general que luego se aplicará a este y otros casos similares.
La Fiscalía Anticorrupción recurrió contra la decisión del TSJCV de declararse no competente el pasado mes de abril para celebrar el juicio y dejar el caso en manos de la Audiencia Provincial, después de que renunciasen a sus escaños las diputadas autonómicas implicadas, Angélica Such y Milagrosa Martínez.
Para el TSJCV, la renuncia de las diputadas comportaba necesariamente su falta de competencia, por carecer todos los acusados de la condición de aforados, pero la Fiscalía recurrió al entender que las diputadas abandonaron el escaño no cuando se les imputó, sino cuando ya se había señalado juicio contra ellas.
El juicio, que quedó suspendido en el TSCV, se abrió por los delitos de prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto, falsedad e infidelidad en la custodia de documentos.
Además de las dos ex conselleras de Turismo y ex diputadas del PP, están acusados el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, ya condenado por la llamada ‘causa de los trajes’ del ‘caso Gürtel, así como otros altos cargos valencianos entre los que se encuentran Isaac Vidal, Juan Bover, Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, etc.
Los hechos por los que se decide la apertura del juicio oral se refieren a varias adjudicaciones realizadas por la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), entidad pública de la Generalitat Valenciana, a la mercantil Orange Market SL y otras sociedades vinculadas. A estas empresas les encargaron “organizar y realizar la mayor parte de actos del PPCV de los contratos relativos a Fitur desde 2005 a 2009”.
Los indicios apuntan a que el grupo mercantil ‘desplegó’ sus influencias para conseguir la adjudicación de las ferias Fitur, aprovechándose de las ‘relaciones personales’ de sus gestores -Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Isabel Jordán- con las máximas autoridades del gobierno valenciano.
Los hechos que deberán ser demostrados en el juicio -sea en la sede judicial que sea- apuntan a que en las ediciones de Fitur de 2005 a 2007, con Milagrosa Martínez en la presidencia de la Agencia, los gestores de Orange Market SL llegaron a obtener, en presunta colaboración con los empleados públicos de la AVT, el borrador de los pliegos de los concursos, recibiendo la máxima puntuación en los criterios subjetivos y habiéndosele adjudicado así la contratación de Fitur 2005 “a pesar de ser la más cara”, por 930.000 euros, con informes favorables de Rafael Betoret.
VLC Noticias | Redacción
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