La juez Mercedes Alaya finalmente cumplió con la orden dada por la Audiencia Provincial de Sevilla y ha vuelto a dictar un auto de procedimiento abreviado por el “concurso fraudulento” para la venta de los suelos de Mercasevilla contra 16 personas, entre ellas el exprimer teniente de alcalde y exportavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos, el exconcejal socialista y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo, los exgerentes de Urbanismo Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, o los exdirectivos de la lonja Fernando Mellet y Daniel Ponce.
Según la juez, los imputados incurrieron en la “venta fraudulenta” de los terrenos de Mercasevilla mediante “la presunta preparación de un concurso público” para que la empresa adjudicataria fuera la entidad Sanma, filial de la constructora Sando.
Se adjudicaron los terrenos de Mercasevilla a una empresa que ofreció 50 millones menos que su competidora, según la juez.
La instructora señala que Sanma ofertó 105 millones de euros por los suelos de Mercasevilla frente a los 158 de su competidora Noga, a pesar de lo cual logró el concurso.
Según el auto, se elaboró el pliego del concurso incluyendo “dos cláusulas dirigidas a beneficiar a Sanma conociendo el precio que iba a ofrecer la misma”, una primera “dentro de la valoración económica dirigida a penalizar extrañamente las ofertas superiores sobre el precio de compraventa, que era la llamada cláusula de ‘limitación al alza'”, una cláusula con la que “se conseguía un efecto perverso: se penalizarían las ofertas de mayor cuantía económica en beneficio de las inferiores”.
Esta cláusula de limitación al alza “no estaba en el pliego” cuando éste fue aprobado por la Comisión Ejecutiva en su reunión de 8 de noviembre de 2005, sino que “fue introducida de rondón” por Castaño, Mellet, Torrijos y Crespo en la reunión del Consejo de Administración de 30 de noviembre.
En su nueva resolución, Alaya da un plazo de diez días a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral y presenten sus escritos de conclusiones provisionales.
Además, acuerda transformar las diligencias previas en un procedimiento abreviado por delitos de prevaricación, asociación ilícita, falsedad de funcionario público y contra la ordenación del territorio.
Imputados exdirectivos de Mercasevilla
En su auto, la juez incluye a los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Jorge Piñero; a María Victoria Bustamante, jefa de servicio de Vía Pública; al técnico Antonio Ripollés, y a los responsables de Sanma Luis Sánchez Manzano, José Luis Miró Morales y José Luis Sánchez Domínguez.
Respecto a Ponce y Mellet, la juez archiva las actuaciones seguidas contra ambos por un delito de falsedad cometido por funcionario público en documento mercantil en relación a la factura emitida por los gastos de unas vallas publicitarias, aunque ambos continúan procesados al imputársele otros delitos como el de asociación ilícita, pues la juez considera que los procesados “se habrían organizado, con cierta consistencia y jerarquía, en torno a la figura” del exasesor del grupo socialista en el Ayuntamiento Domingo Enrique Castaño y del propio Mellet “para realizar cada uno su ilícito cometido”.
Alaya incluye en su auto a Emilia Barrial Chamizo, subjefa de Licencias Urbanísticas; María Isabel Evans, ex jefa de Licencias Urbanísticas, y al arquitecto Alberto Balbontín.
Antes de la anulación del auto de Alaya, la Fiscalía pidió que se excluyera de la acusación a Ponce, Marchena, Millán, Barrial Chamizo, Evans y Balbontín, lo que previsiblemente mantendrá en su nueva resolución.
La Fiscalía también solicitó la nulidad del concurso de la venta de los suelos y del contrato de opción de compra firmado el 23 de febrero de 2006 entre Mercasevilla y Sanma y los actos que se derivaron de ese acuerdo.
VLCNoticias|Redacción
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