Este pasado viernes, tal y como ya informó este diario, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid instó a las operadoras de telefonía móvil y otras plataformas de pago a cumplir el auto dictado por el mismo juzgado por el que se ordenaba el cese de la actividad de Uber en nuestro país. Poco tiempo después, dichas empresas de telefonía procedían a retirar de sus respectivas plataformas la ‘app‘ de Uber.
Sin embargo, la compañía que mantiene en jaque al sector del Taxi emitía poco después un comunicado a los usuarios de Android -sistema operativo de la mayoría de smartphones que se usan en España- en el que admitía “problemas técnicos” a la vez que señalaba la posibilidad de actualizar la aplicación directamente “en la tienda virtual” de Uber para que ésta comenzara a funcionar de nuevo. La solución análoga para móviles iPhone estará, según informaba Uber en su comunicado, disponible próximamente.
Uber animaba así a sus clientes a seguir utilizando sus servicios a pesar de la orden judicial que lo prohíbe. La empresa que promociona el uso de intercambios como alternativa al taxi en su argumentario comercial “mantiene su compromiso con los usuarios de España de ofrecer una alternativa de transporte segura, de confianza y asequible en esta época de fiestas”, en lo que supone un auténtico pulso a la Justicia española y, cómo no, a los taxistas que de una forma legal y honesta se defienden como pueden de este auténtico ataque basado en la competencia desleal.
Para colmo, la compañía advierte que si finalmente el juez falla a su favor, el aval depositado de 10.000 euros será insuficiente para compensar las pérdidas ocasionafas mientras esté vigente la suspensión cautelar, lo que veladamente constituye todo un intento de coacción a la Asociación Madrileña del Taxi, que fue la que dio el paso de poner en manos del Juzgado el caso.
Por la mañana, el Tribunal de Superior de Justicia de Madridexplicó que en ejecución de lo acordado en el auto del pasado 9 de diciembre, el juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid “lleva oficiando desde hace días a las diversas compañías de telecomunicación, así como a las encargadas de las transacciones y pagos, orden para que se abstengan, de modo inmediato, de dar alojamiento a la empresa Uber o de facilitar la contratación con la misma”. Dejó patente, además, que no se trata de una nueva medida cautelar, “sino de la ejecución de la que ya está en vigor”.
Lejos de terminar, el caso Uber está tomando tintes que rallan la extorsión entre una compañía que evidentemente tiene un poder financiero importante y un colectivo caracterizado precisamente por estar conformado por infinidad de profesionales individuales cuya capacidad de maniobra y de resistencia a ciertas presiones es escaso por no decir prácticamente inexistente. ¿Logrará, no obstante, vencer David a Goliat? La Justicia española tiene la palabra.
VLC Noticias | Redacción
