Mª José González, que convive con otras personas con diversidad funcional intelectual en una vivienda tutelada del IVAS, ha sido designada por la Junta Electoral de Zona de Valencia para ejercer las funciones de vocal en una mesa electoral, que se instalará en un colegio de esta ciudad.
Para que pueda desarrollar sus funciones con normalidad y a petición de la Junta Electoral de Zona, el IVAS ha facilitado los apoyos necesarios nombrando a una cuidadora de la red de viviendas tuteladas de la entidad como personal de apoyo.
El derecho efectivo al voto de las personas con diversidad funcional intelectual es una reivindicación del colectivo, puesto que viene recogido en la Constitución Española y recomendado por el Artículo 29 de la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad.
La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas obliga a cambiar la ley electoral española bajo la premisa de que “ninguna persona por razones de discapacidad puede ser privada de este derecho fundamental” y éste es, todavía en la actualidad, un trabajo del que queda mucho por hacer.
Reivindicación de las entidades sociales
Las entidades sociales representativas del colectivo han llevado a cabo numerosas campañas de sensibilización con el objetivo de concienciar y empoderar a las personas con diversidad funcional intelectual para que puedan ejercer y reivindicar su derecho al voto, en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos españoles mayores de edad.
Asimismo, también se han desarrollado acciones para sensibilizar a la sociedad sobre la vulneración del derecho que sufren muchas de estas personas cuando se les niega su derecho a votar o se les dificulta el mismo en la práctica por los problemas de accesibilidad a la hora de votar o la falta de adaptación de los programas electorales a ‘lectura fácil’ para favorecer su comprensión, entre otras barreras.
Con esta decisión de la Junta Electoral de Zona se avanza en la consecución de estos objetivos para que las personas con diversidad funcional intelectual estén en igualdad de condiciones que el resto de la población a la hora de acceder a las urnas. Además, estas personas son cada vez más conscientes de su capacidad para ejercer el derecho de sufragio.
Hay que recordar que un total de 80.000 personas con diversidad funcional no podrán votar el próximo domingo. El Estado español continúa sin aplicar la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU de 2006, ratificada en 2008, al impedir ejercer el derecho de sufragio a estas personas que cuentan con una sentencia judicial de incapacidad total, según se desprende de los datos facilitados por la Fiscalía General del Estado.
La Ley Orgánica de Reforma Electoral (LOREG) todavía no ha sido modificada por el Parlamento y miles de ciudadanos quedan aún excluidos de los comicios.
Es nuestra arma para acabar con la impunidad de los más poderosos.
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