Valencia Noticias | Redacción.- Las consellerias de Políticas Inclusivas y de Vivienda, están analizando la posibilidad de que parte de la vivienda pública que se está rehabilitando se pueda distribuir entre los colectivos de víctimas de violencia machista, enfermos de salud mental, transexuales excluidos socialmente y ex-tutelados de la Generalitat.
En la reunión de trabajo mantenida entre ambas consellerias y en las que han estado presentes el secretario autonómico de Inclusión, Alberto Ibáñez, la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Sandra Casas y el secretario autonómico de Vivienda, Josep Vicent Boira, hicieron un frente común para facilitar el acceso a la vivienda pública de colectivos con dificultades.
Según destacó Alberto Ibáñez, esta medida responde a uno de los preceptos encuadrados en el Acord del Botànic, sobre la necesidad de reforzar el sistema público de atención a los colectivos en situación o riesgo de exclusión social, “entendemos que el derecho a una vivienda es clave para la inclusión social de estos colectivos”, y añadió que la lucha contra la violencia machista, “pasa por garantizar una alternativa habitacional para las víctimas.
El secretario autonómico señaló también que desde la dirección general de Inclusión Social se está trabajando con entidades financieras con el objetivo de obtener su colaboración en la cesión de viviendas por períodos de 5 años para este uso social, especialmente en las zonas rurales y envejecidas que están sufriendo las consecuencias de la despoblación.
Paralelamente, Ibáñez recordó que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha incrementado este año un 83,74 % el presupuesto destinado a la financiación de programas de acción social y comunitaria, dirigidos entre otros colectivos vulnerables a las personas sin hogar, salud mental y extutelados de la Generalitat, alcanzando los 2,02 millones de euros. Se trata del presupuesto destinado a financiar tanto los programas desarrollados por los servicios sociales municipales como los programas desarrollados por entidades sin ánimo de lucro del tercer sector y específicamente de acción social.
Además, la Conselleria de Igualdad reforzó tanto los servicios sociales municipales, incrementando la línea de subvención a través de la Dirección General de Servicios Sociales, hasta alcanzar en 2016 más de 25,9 millones de euros, un 30% de incremento respecto al presupuesto de 2015, como la Renta Garantizada de Ciudadanía, incrementando en 2016 un 35,6% hasta alcanzar los 39,34 millones de euros.
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