El Diario de Mallorca y la agencia Europa Press han presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares una querella contra el juez que ordenó el pasado martes la incautación de material de ambos medios de comunicación en el marco del caso Cursach, que investiga una presunta trama de corrupción policial y política en torno al empresario de ocio nocturno Bartolomé Cursach.
La querella se presenta por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista.
La querella es conjunta, con cuatro querellantes: Diario de Mallorca, Europa Press y los redactores José Francisco Maestre, del diario balear, y Blanca Pou, de la agencia de noticias.
Con el objeto de determinar el origen de una información periodística, el pasado martes el juez ordenó la entrada de agentes de la Policía Nacional en la delegación de Europa Press, en Palma de Mallorca, para proceder a la intervención de los teléfonos móviles de los citados periodistas, ordenadores y diversa documentación en el marco de una investigación dentro del caso que afecta al grupo de empresas Cursach.
Escrito de protesta de 650 periodistas al CGPJ
Este hecho ha suscitado una oleada de reacciones y protestas, en especial en la profesión periodística, que ha reivindicado el derecho a la información amparado por la Constitución, en especial el secreto profesional que protege la relación de los periodistas con sus fuentes.
Así, más de 650 periodistas han firmado un escrito que se ha presentado este jueves ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que muestran su “intensa preocupación y alarma por la insólita e injustificable intromisión” que supone esta actuación judicial que pretendía investigar una filtración del caso Cursach.
“En 40 años de vigencia de nuestra Constitución ningún miembro del Poder Judicial había ordenado entradas y registros en medios de comunicación para incautarse de teléfonos móviles y ordenadores de periodistas que tratan de cumplir su misión constitucional en relación con un caso de corrupción: proporcionar información veraz a los ciudadanos”, dice el escrito, en el que los informadores destacan la necesidad de respetar el artículo 20 de la Constitución.
“El secreto profesional de los periodistas es el único secreto constitucionalmente protegido y su sacrificio para perseguir un delito de revelación de secretos representa no solo un ataque desproporcionado al derecho fundamental a la información, sino que también sienta un precedente gravísimo”, dice la carta.
Concentración ante el Tribunal Supremo
Informadores y organizaciones de periodistas y medios de comunicación han convocado una concentración para este viernes, a las 12:00 horas, ante el Tribunal Supremo bajo el lema “Nuestro secreto profesional, tu derecho a la información”.
Esta concentración se producirá horas después de la que esta noche se celebre en Palma de Mallorca, convocada por la Asociación de Periodistas de las islas Baleares (APIB) y el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB), en la que se leerá un manifiesto contra la incautación de los teléfonos de dos redactores del Diario de Mallorca y Europa Press en el marco del caso Cursach.
Ambas entidades exigirán a los políticos que cumplan el precepto constitucional de desarrollar una ley que proteja el secreto profesional de “abusos intolerables” como el sufrido por los informadores de baleares y demandarán a la fiscalía, a los jueces y a las fuerzas de seguridad que respeten y hagan respetar el derecho fundamental a la libertad de información.
Hasta las 20:00 horas de este jueves, más de 900 profesionales habían firmado el manifiesto de la APIB, al que se ha adherido la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).
Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha expresado también su indignación y rechazo ante este hecho que ha calificado de “gravísimo e insólito” y ha exigido la devolución inmediata del material incautado a los periodistas.
El Comité de Redacción del diario El País se ha sumado a la “sorpresa y preocupación” causada por esta incautación del material de trabajo y ha recordado que el secreto profesional no es un privilegio de los informadores, sino la garantía del derecho a la información de los ciudadanos.
Además de estas movilizaciones, los periodistas están mostrado en las redes sociales su rechazo a la actuación del juez Florit y publicando en Twitter selfis tapándose la boca y mostrando sus teléfonos móviles con la etiqueta #ElSecretoNoSeToca.
El CGPJ expresa su compromiso con la libertad de información
El movimiento de protesta comenzó el mismo miércoles con la entrega a la fiscal general del Estado, María José Segarra, de una primera carta suscrita por 206 periodistas de tribunales. Con posterioridad se han adherido a la queja ante el CGPJ otros 452 profesionales de la información.
Por su parte, desde el CGPJ se ha expresado mediante una declaración el compromiso de los jueces y su defensa del derecho a la libertad de información, pero el órgano de gobierno judicial ha advertido de que no puede revisar las decisiones de los magistrados, que son a quienes corresponde establecer el alcance y límites de ese derecho cuando colisiona con otros, y es en los tribunales donde se han de presentar los recursos correspondientes.
Preguntada por los periodistas, Segarra ha asegurado que los fiscales, que en Mallorca apoyaron la iniciativa del juez, velan por la libertad de expresión y por el secreto de las fuentes periodísticas.
En el ámbito político, el PSOE ha mostrado su rechazo a la decisión del juez que ordenó la incautación del material periodístico. La ‘número dos’ del partido, Adriana Lastra, ha subrayado que en una “democracia plena y consolidada” como la española “no caben actuaciones” como las ocurridas el martes pasado.
