El Gobierno quiere pisar el acelerador y aprovechar la inercia de los 198 votos a favor con los que se tumbaron las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos para tener listas las cuentas antes de final de año. Se evitaría así prorrogar durante las primeras semanas de 2021 los Presupuestos de 2018, todavía en vigor, porque ni se correspondería ni con las prioridades políticas del Ejecutivo ni con las necesidades actuales derivadas de la situación de pandemia, en palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. “Es vocación de este Gobierno que antes de finales de año aprobemos el proyecto de Presupuestos y empecemos el año con un instrumento nuevo y eficaz”, añadió en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, para concluir que “ojalá empecemos el 1 de enero con los Presupuestos aprobados”.
Para ello acelerar los plazos previstos, el Gobierno pretende llevar a cabo durante las dos próximas semanas todas las negociaciones sobre las enmiendas parciales, cuyo plazo de presentación se cerró este martes a mediodía. Esto supondría que cuando las Cuentas se envíen al Senado el próximo 3 de diciembre las negociaciones ya estarían cerradas y no se aceptarían nuevas enmiendas en la Cámara baja. De hecho, la Mesa del Senado aprobó este martes que la sesión plenaria para aprobar las cuentas se celebre el 22 y 23 de diciembre. Diez días antes del plazo máximo del que dispone -un mes en total- para presentar enmiendas o propuestas de veto. De este modo, y como ha expresado la ministra de Hacienda, el Congreso podría aprobar definitivamente los nuevos Presupuestos antes de final de año. Entre las fechas que se barajan para este hipotético pleno coge fuerza el 29 de diciembre.
Antes de celebrar el debate sobre las enmiendas a la totalidad, el Gobierno ya negoció las principales enmiendas que les habían trasladado algunos grupos, como por ejemplo el veto al impuesto al diésel que para PNV y Ciudadanos es una línea roja. En esta línea, algunos grupos ya fueron avanzando su intención de votar a favor de las Cuentas debido a la “disposición” del Ejecutivo, como es el caso de Bildu, Más País o Compromís.
El proyecto de Presupuestos continuará su tramitación con el debate y votación de las enmiendas al articulado y las secciones en ponencia y, posteriormente, se llevará a la Comisión de Presupuestos donde se presentará un dictamen el 27 de noviembre. Momento a partir del cual se volverá a producir un debate en el pleno, en el que los ministros presentan sus partidas y se debaten y votan las enmiendas al articulado y las secciones no incorporadas en las fases anteriores y que los grupos hayan pedido mantener vivas. Si todas reciben el respaldo de la mayoría simple en una votación fijada para el 3 de diciembre, el proyecto se remite al Senado. Si no hay modificaciones, los Presupuestos quedarían ya aprobados, y de haberlas, como sería previsible, volverían al Congreso, donde se decidiría si mantienen o no los cambios.
La intención del Gobierno, al menos del sector socialista, sigue siendo la de sumar tanto al bloque de investidura como a Ciudadanos, a pesar de los vetos cruzados entre la formación naranja y ERC o Bildu.”Es obligatorio para el Gobierno intentar llegar a auerdos con todas y cada una de la formaciones políticas”, ha vuelto a insistir la ministra de Hacienda, aspirando a que “no predominen los vetos cruzados”. Su objetivo, señaló, pasa por cosechar una “mayoría estable” que garantice la gobernabilidad de las legislatura para un Ejecutivo en minoría.
La estabilidad es una máxima para el Gobierno de coalición, no solo porque haya sido una anomalía desde la irrupción del multipartidismo y el fin de las mayorías absolutas, sino principalmente por el contexto actual, en estado de alarma y en una situación excepcional tanto sanitaria como social y económica por la pandemia del coronavirus. De ahí que no se rechace el apoyo de ninguna fuerza parar sumar el mayor número posible de fuerzas a los Presupuestos, que tienen vocación de legislatura por los fondos provenientes de Bruselas.
