El concejal socialista Vicent Sarrià ha denunciado hoy que el Gobierno ha renunciado a la licencia concedida en febrero de 2012 al Ministerio de Hacienda para construir un nuevo edificio que albergue todas las dependencias dispersas de su delegación en Valencia, y cuya sede central se ubica en la calle de Guillem de Castro.
La licencia fue solicitada por el Gobierno en 2008 y concedida en febrero de 2012, para construir un edificio de 12 plantas y tres sótanos, para un proyecto con un coste de 47 millones de euros.
Por otro lado, Como ha recordado Sarriá en julio de 2012 el Consell de la Generalitat Valenciana dio a conocer el protocolo firmado con la Agencia Tributaria para alquilar la sede central de la Consellería de Infraestructuras, (que quedó vacía tras el traslado de los funcionarios al nuevo complejo administrativo 9 de octubre) por un importe de 1 millón de euros anuales durante cinco años, con la posibilidad de renovar hasta los diez años. A esta sede se traslada la Agencia Norte de Campanar, que como es conocido, ha causado malestar entre los vecinos de la zona.
La parcela de 30.000 m2 donde se pretendía construir el edificio, con una edificabilidad de 36.076 m2techo, era de propiedad municipal, está calificada para uso terciario edificable en 12 plantas y se entregó al Ministerio de Hacienda en una permuta aprobada en sesión plenaria de marzo de 2001 con el voto en contra del Grupo Municipal Socialista, porque se valoró muy por debajo del importe de mercado de la zona, sin realizar informes técnicos municipales, dando por buenas las cifras presentadas por el Gobierno de Aznar y recibiendo a cambio parcelas dotacionales que se valoraron como suelo edificable al mismo importe que el solar terciario.
Para el Grupo Municipal Socialista el precio de mercado del solar terciario era 10 veces superior al establecido en la permuta, que se valoró en 1.984.180.000 ptas (11.905.556 euros), es decir, a 330 euros el m2 techo, ya que se ubica en un lugar estratégico y privilegiado del PAI de la Avenida de Francia (Calle de Luís García Berlanga nº 23), junto al centro comercial Aqua y a El Corte Inglés, y frente al complejo de la Ciudad de las Artes y las ciencias.
En el debate de la sesión plenaria, el Grupo Municipal socialista denunció la claudicación indigna de la alcaldesa que en ningún momento defendió los intereses de la ciudad, sin discutir las cantidades propuestas por el Ministerio. A mayor abundamiento de las parcelas entregadas por el Estado, se incluyó por un importe de 70 millones de pesetas la antigua fábrica Mocholí en Font de Sant LLuís destinada por el PGOU a zona verde (todavía hoy un solar degradado) , que ya había sido cedida en 1997 gratuitamente a la ciudad por el Estado y se incluyó como solar de la permuta, y también se incluyó la parcela donde se construyó el polideportivo de la Malva-rosa valorada en 359 millones de pesetas. Una exagerada valoración porque el Estado consideró que era una parcela edificable y no un suelo dotacional.
El punto nº 5 del convenio donde se formaliza la permuta establece que “el Ministerio de Hacienda desea disponer de suelo edificable con el objetivo de construir un edificio que le permita reordenar unidades administrativas actualmente dispersas, sobre todo las relativas a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a fin de mejorar la calidad y eficacia en la gestión de los servicios públicos que dichas Unidades tienen encomendadas”.
A la licencia otorgada en febrero de 2012, se le concedió una prórroga de un año en febrero de 2013.
Pero es ahora, cuando el Ayuntamiento le ha reclamado el pago del Impuesto de construcciones y Obras (ICIO) que asciende a 1.869.146 euros, más 120.324 euros de intereses a pagar antes del 20 de marzo de 2014, es cuando la Agencia Tributaria RENUNCIA con todos los efectos que ello conlleva a la licencia concedida en febrero de 2012, ya que persisten las razones que motivaron la prórroga y en consecuencia no tienen previsto acometer, al menos a medio plazo, la actuación descrito.
Por este motivo, y dado el objetivo finalista de la permuta, Sarrià considera que si el Ministerio de Hacienda renuncia a la construcción de este equipamiento público, se produce un incumplimiento del Convenio, y de acuerdo con la legislación sobre jurisdicción contencioso administrativa, se plantea un litigio, que debería resolverse con la devolución de los terrenos a la ciudad, que mantienen la calificación de Terciario, reparándose así el grave perjuicio económico que en su momento se causó a los valencianos por el negligente y sumiso comportamiento de la Alcaldesa con el entonces gobierno de Aznar.
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