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El PSPV ha anunciado su decisión de llevar a la Fiscalía Anticorrupción los contratos del festival Som de la Terreta, señalando posibles delitos de falsedad documental, malversación de fondos públicos y prevaricación. Exigen transparencia y explicaciones a la Generalitat por la adjudicación a una empresa recién constituida.
El PSPV-PSOE ha decidido dar un paso al frente y llevar ante la Fiscalía Anticorrupción de la Comunitat Valenciana los contratos relacionados con la organización del festival Som de la Terreta, un evento cultural impulsado por la Generalitat para conmemorar el Nou d’Octubre. La denuncia se basa en la posible existencia de delitos como falsedad documental, malversación de fondos públicos y prevaricación en la adjudicación del evento. Según los socialistas, el proceso de contratación presenta numerosas irregularidades que, según afirman, levantan serias sospechas sobre su transparencia y legalidad.
Un festival bajo sospecha: contratación irregular y empresa beneficiaria
La alarma surgió cuando el PSPV revisó la documentación disponible sobre el festival, el cual incluyó tres conciertos celebrados simultáneamente el 5 de octubre en València, Alacant y Vila-real, con un coste total de 3,3 millones de euros. Este coste, sumado a la organización de una prueba ciclista como parte del mismo paquete de contratación, ha generado fuertes críticas debido a que el contrato fue adjudicado a una empresa creada apenas siete meses antes.
Según declaró José Muñoz, síndic socialista en las Corts Valencianes, la adjudicación de estos contratos genera dudas sobre si el proceso se diseñó “a medida” para favorecer a esta nueva empresa. Muñoz añadió que el sector de los festivales musicales en la Comunitat Valenciana también ha expresado su “preocupación” por las condiciones del contrato, lo que se manifestó en una carta enviada al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.
Acusaciones del PSPV: un posible caso de corrupción
El secretario de organización del PSPV, Vicent Mascarell, fue contundente en sus declaraciones al denunciar lo que considera el “primer caso de corrupción” del nuevo gobierno del PP de Carlos Mazón. Mascarell comparó la situación con anteriores casos de corrupción del Partido Popular, como el de Eduardo Zaplana, ex presidente de la Generalitat, aunque subrayó que, mientras que en el caso de Zaplana se tardaron “veinte años en descubrirlo”, en el caso de Mazón “en apenas un año ya aparecen indicios claros de un posible delito”.
El PSPV argumenta que la adjudicación del festival Som de la Terreta se llevó a cabo de manera irregular, sin la transparencia necesaria y con la posibilidad de que se hubieran favorecido intereses privados por encima del bien común. Los socialistas han solicitado a la Generalitat acceso a toda la documentación relacionada con el proceso de contratación, así como el libro de visitas del Palau de la Generalitat, con el fin de investigar quiénes se reunieron con el presidente Mazón y si estas reuniones pudieron estar vinculadas a la adjudicación del festival.
La polémica reforma de la ley de transparencia
Los socialistas también han relacionado esta denuncia con la reciente reforma de la ley de transparencia de la Generalitat, impulsada por el gobierno autonómico del PP y Vox y aprobada hace unos meses. Desde el PSPV han criticado duramente esta modificación legal, ya que, según su visión, “elimina los controles contra la corrupción”, facilitando procesos menos transparentes en la adjudicación de contratos públicos y debilitando la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos.
Esta reforma ha generado polémica no solo entre los grupos de la oposición, sino también entre diversas organizaciones civiles que ven en ella una amenaza a los avances logrados en términos de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública.
El impacto en el sector cultural y musical
La denuncia del PSPV también pone el foco en el descontento dentro del sector cultural y musical valenciano. Las asociaciones de promotores y organizadores de festivales han alzado la voz ante lo que consideran un proceso de contratación opaco y poco competitivo, que podría estar perjudicando a las empresas del sector que llevan años operando en la Comunitat Valenciana.
El sector ya había manifestado su preocupación a través de una carta enviada directamente al presidente Mazón, en la que se pedía más claridad y justicia en la adjudicación de eventos de esta magnitud, especialmente en un contexto en el que la industria musical ha sufrido grandes pérdidas debido a la pandemia y sigue recuperándose de sus efectos.
Reacciones políticas: ¿primer escándalo del nuevo gobierno del PP?
El PSPV no ha dudado en calificar esta situación como un posible escándalo que podría marcar el inicio del mandato de Carlos Mazón al frente de la Generalitat. Si bien la adjudicación del festival Som de la Terreta es, por el momento, solo un indicio de lo que podría derivar en un caso mayor, las acusaciones de malversación y prevaricación han empezado a generar tensiones dentro del gobierno autonómico.
Por su parte, desde el Consell, aún no ha habido una respuesta oficial clara ante las acusaciones. Sin embargo, la oposición socialista ha advertido que seguirá exigiendo explicaciones y mayor acceso a la información relacionada con el festival, y que la falta de transparencia podría llevar a nuevos procedimientos judiciales.
El papel de la Fiscalía Anticorrupción
Con la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, será ahora este organismo el encargado de investigar a fondo los contratos del festival Som de la Terreta. La fiscalía deberá determinar si existen suficientes pruebas para abrir una causa judicial o si, por el contrario, se trata de un proceso legítimo y acorde con la legalidad vigente.
La entrada de la Fiscalía Anticorrupción en este asunto podría tener consecuencias importantes para el nuevo gobierno autonómico, especialmente en un momento en el que el Partido Popular está tratando de consolidar su liderazgo en la Comunitat Valenciana tras ganar las elecciones de mayo de 2023.
¿Qué está en juego?
El festival Som de la Terreta se diseñó como un evento emblemático para la celebración del Nou d’Octubre, una fecha clave para la identidad valenciana. Sin embargo, lo que debía ser una muestra de la apuesta del gobierno por la cultura y la música se ha convertido en un foco de controversia que amenaza con socavar la confianza en la gestión de los fondos públicos y en la transparencia del nuevo gobierno.
Con la investigación aún en curso, queda por ver si las acusaciones del PSPV derivarán en un proceso judicial o si, por el contrario, se considerará que no hubo irregularidades en la adjudicación del festival. Lo que está claro es que este caso ya ha dejado una huella en el debate público sobre el uso de los recursos públicos y la integridad en la administración.
¿Crees que las acusaciones del PSPV están justificadas o consideras que se trata de un ataque político sin fundamento? ¿Debería revisarse la ley de transparencia para garantizar procesos más claros y justos en la contratación pública?
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