El PSPV critica la gestión de viviendas públicas en el Plan Cabanyal por parte del Ayuntamiento de Valencia
El grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia ha denunciado que el gobierno local mantiene ocupadas de manera ilegal la mitad de las viviendas de la entidad pública en el Plan del Cabanyal-Canyamelar. La concejala socialista Elisa Valía critica que, mientras la alcaldesa María José Catalá apuesta por abrir una Oficina Antiocupación para asesorar a los propietarios sobre la instalación de alarmas o la obtención de juicios rápidos, su administración es incapaz de solucionar el problema de las viviendas municipales ocupadas en el Plan Cabanyal.
Valía subraya que Catalá ha sido objeto de atención nacional por su propuesta de crear una Oficina Antiocupación, en un contexto donde a nivel país no existe un problema significativo de ocupaciones. Sin embargo, según la concejala, el problema persiste en el Plan Cabanyal, donde 26 de las 53 viviendas municipales están ocupadas de manera no autorizada, como confirma la información proporcionada por el Ayuntamiento.
La edil señala que no les sorprende el anuncio de Catalá, ya que consideran que busca contentar a la ultraderecha y desviar la atención de la crisis gubernamental interna que afecta al Ayuntamiento y debilita políticamente a la ciudad. Sin embargo, se sorprende de que se pretenda asesorar en esta materia cuando el propio consistorio tiene la mitad de sus viviendas en Plan Cabanyal ocupadas de manera no autorizada.
Valía también destaca la falta de acción del gobierno del PP en materia de vivienda, más allá de medidas que considera inútiles, como la creación de la Oficina Antiocupación. Critica que no se han tomado medidas para mitigar el aumento de precios de la vivienda y el alquiler, ni se han implementado las limitaciones al alquiler que permite la Ley de Vivienda. Antes de que concluya la legislatura, el PSOE espera que Catalá actúe para evitar que las familias sean expulsadas de sus barrios.
Finalmente, como representante del Partido Socialista, Valía solicita a Catalá que deje de actuar como una comercial de alarmas y asuma su responsabilidad como alcaldesa, garantizando el acceso a la vivienda para las familias de Valencia, especialmente considerando los altos precios de alquiler, que alcanzan los 1.700 euros mensuales.
