En Valencia, una masiva manifestación que reunió a 4.000 personas, según la Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana, recorrió las calles para exigir la regulación de los precios de alquiler y oponerse a las políticas de expansión urbanística y turística. Los manifestantes reclamaron que la ciudad sea “para quien la habita”.
La movilización, organizada por el movimiento “Valencia no está en venta”, el cual agrupa a cerca de 200 colectivos y asociaciones, también pidió la desmercantilización de la vivienda y la defensa del territorio. El acto comenzó con columnas que partieron desde los barrios del norte, sur, este y oeste, para confluir en la plaza del Ayuntamiento y avanzar hasta la plaza América.
Entre los cánticos se escucharon lemas como “Si no bajan los alquileres, quemaremos el Ayuntamiento” y “Valencia no está en venta”. Los asistentes hicieron sonar llaves en señal de protesta y portaron pancartas con mensajes como “Viviendas para vivir, no para especular” y “La vivienda no debería ser un lujo”.
Sara Cerón, portavoz de “Valencia no está en venta”, destacó que la manifestación busca asegurar que la ciudad permanezca habitable para sus residentes y que se controle el impacto del turismo, que afecta a las clases trabajadoras y la zona periurbana. También criticó la situación del turismo en el centro de la ciudad, argumentando que perjudica al comercio local y obliga a los vecinos a trasladarse a zonas más vulnerables.
María Alandes, otra portavoz de la plataforma, pidió al Gobierno central, a la Generalitat y al Ayuntamiento que tomen una posición clara. Criticó que desde la manifestación de octubre, la situación de la vivienda ha empeorado, con un incremento del 150% en los precios de alquiler en la última década, y afirmó que la población se ve desplazada.
Clara Giner, también integrante de la plataforma, consideró que la declaración de zonas tensionadas y la limitación de precios serían un buen punto de partida, pero insuficiente, llamando a medidas más drásticas. Pablo Ramos, otro portavoz, señaló que en 2024 se produjeron más de 3.610 desahucios en la Comunidad Valenciana.
Entre los manifestantes, María instó a los políticos a facilitar un mejor acceso a la vivienda, mientras Carmen, de 76 años, criticó el alza de precios y pidió a los jóvenes luchar por sus derechos. Esther, por su parte, solicitó restricciones a la compra de pisos por grandes sociedades y apoyo para la adquisición de viviendas.
Las manifestaciones por la vivienda también se realizaron en otras 40 ciudades españolas, incluyendo Alicante y Castelló.
