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El Gobierno desatiende el Sidi Saler
El Sidi Saler ha vuelto a quedar desatendido por las administraciones, particularmente por el Gobierno. Este antiguo hotel ubicado en El Saler enfrenta un futuro cada vez más incierto, similar al caso del Algarrobico, especialmente después de la sentencia judicial de febrero que encarga al Ministerio de Transición Ecológica iniciar un expediente para dar por caducada la concesión a las dos empresas propietarias del inmueble. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ya ha señalado esta resolución para exigir que el ministerio asuma el mantenimiento, conservación y seguridad del Sidi.
El pasado 17 de febrero, Catalá envió una carta a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, justo una semana después del fallo judicial contra los dueños del hotel. En la carta expresaba la “enorme preocupación” que existe tanto en el Ayuntamiento como entre los vecinos de El Saler debido a la incertidumbre sobre el futuro del edificio. Casi dos meses después, desde el Ayuntamiento denuncian que aún no han recibido respuesta.
Ante la falta de respuesta del Ejecutivo, fuentes municipales consideran este silencio como una muestra más de la desatención del Gobierno de Pedro Sánchez hacia la ciudad de Valencia. Desde el Ayuntamiento citan como ejemplo el acuerdo firmado por el Consistorio, el Consell y los regantes para asegurar el abastecimiento de agua a la Albufera, criticando que “el Gobierno ni está ni se le espera”. “Exigimos al Ministerio que atienda esta petición porque tanto el Ayuntamiento como los vecinos necesitan soluciones para el Sidi Saler. El Gobierno es como el perro del hortelano, ni hace ni deja hacer. Ya es hora de que se ponga a trabajar”, concluyen.
Este medio intentó contactar al Ministerio de Transición Ecológica para obtener su versión, sin éxito.
Este periódico ha accedido a la carta en la que Catalá se dirigió a Aagesen hace casi ya dos meses. En el documento, la alcaldesa comienza explicando que las empresas propietarias tenían un proyecto para rehabilitar el Sidi Saler con el fin de devolverle su actividad hotelera. Sin embargo, hace hincapié en que el complejo sufre un “avanzado grado de degradación”, lo que representa “un problema de seguridad para los vecinos de la zona” debido a la ocupación ilegal y otras cuestiones de seguridad.
Catalá cita la sentencia judicial que recuerda que el Sidi Saler lleva más de 13 años sin actividad hotelera y que la licencia otorgada en 2018 está caducada. Además, destaca que la caducidad “obliga a la administración titular, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a iniciar un expediente de caducidad de la concesión”.
La resolución ha generado “una enorme preocupación” tanto en el Ayuntamiento como en la asociación de vecinos de El Saler, quienes están a favor de la rehabilitación del edificio y su integración con el entorno protegido, en lugar de su demolición. “Queremos reunirnos con usted (vicepresidenta Aagesen) para conocer los planes futuros del ministerio tras la sentencia”, concluye Catalá.
Al final de la carta, la alcaldesa subraya que, como resultado del fallo judicial y la licencia caducada, “es el Ministerio quien debe responsabilizarse de la conservación y el mantenimiento del edificio, su seguridad y, en su caso, de su demolición”. Catalá termina manifestando una gran preocupación por los problemas de seguridad en la zona y llama al Gobierno a tomar “las medidas oportunas”.
