Valencia. La defensa de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, sostiene que su currículum estaba respaldado por el presidente de la Generalitat y que sus acciones durante la dana del 29 de octubre de 2024 se basaron en recomendaciones técnicas. Pradas llevaba tres meses en el cargo y contaba con un perfil profesional comparable o superior al de sus antecesores. Según su defensa, tanto en el Cecopi como en el equipo directivo había personal técnico con más de 100 años de experiencia acumulada, lo que demuestra que Pradas actuó siguiendo los consejos técnicos disponibles y realizó más de 100 llamadas para coordinar esfuerzos con autoridades y técnicos.
Eduardo de Urbano, abogado de Pradas, subraya que su defendida siempre ha mostrado un compromiso institucional y disposición para colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos de esta tragedia climática. El comunicado de la defensa también se refiere a las declaraciones de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ante el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, donde, según la defensa, Bernabé corroboró varios puntos que Pradas ha sostenido, como la falta de aviso de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la crecida del Barranco del Poyo. Además, se asegura que las llamadas al 112 no llegaron al Cecopi y que el foco de discusión allí no incluyó el Barranco del Poyo, Chiva o Buñol, sino Utiel/Requena y Forata.
La defensa señala que fue Pradas quien solicitó la activación de la UME por el desbordamiento del río Magro en Utiel, y que propuso evacuaciones preventivas y el envío de alertas a través del sistema Es-Alert a partir de las 19:00 horas. También menciona una conversación con la alcaldesa de Paiporta sobre el desbordamiento del río y el riesgo para la población, donde se discutió la emisión de alertas a nivel provincial.
De Urbano puntualiza que la expresión de Pradas sobre “otros municipios” fue parte de una conversación en el Cecopi alrededor de las 19:15 horas, mientras discutían fallas en las comunicaciones municipales. Además, critica que la jueza ha impedido hacer preguntas sobre el comportamiento de la delegada y su superior, quien no activó la emergencia nacional a pesar de las condiciones que la ameritaban según las leyes de seguridad nacional y Protección Civil.
