El Grupo Parlamentario Popular en Les Corts ha instado al Gobierno central a no trasladar a los regantes el costo de las obras de emergencia realizadas tras la dana en el canal Júcar-Turia y el principal del Camp del Túria. Según Luis Martínez, portavoz de Agricultura del GPP, el Ejecutivo, liderado por Pedro Sánchez, busca obtener recursos de los afectados por la riada de manera similar a como lo hace mediante impuestos e intereses sobre ayudas y créditos a los damnificados.
Martínez advierte que el Ministerio para la Transición Ecológica planea cargar a los agricultores valencianos 45 millones de euros por reparaciones que, según él, corresponden al Gobierno, el cual es responsable de los cauces y de su deterioro tras años de desatención. Critica que el Ejecutivo intente evadir su responsabilidad imponiendo este costo a través del Canon de Regulación y la Tarifa de Utilización del Agua, considerándolo inasumible para regantes ya afectados por el impacto económico y social de la riada, resultado de años sin mantenimiento adecuado.
Asimismo, el representante del GPP informa que la Confederación Hidrográfica del Júcar planea trasladar los costos de restablecimiento del riego en más de 50,000 hectáreas a través de estas tarifas, justificándose en la Ley de Aguas. Sin embargo, señala que existen precedentes legislativos para evitar esta medida en situaciones de catástrofes naturales o sequías extremas.
Esta decisión, según Martínez, representaría un golpe para el sector agrícola, incapaz de asumir una gran factura por infraestructuras vitales para el suministro de agua. Por ello, la propuesta del GPP reclama una normativa que impida trasladar estos costes a los usuarios, asegurando su financiación mediante los Presupuestos Generales del Estado.
El portavoz subraya que el Consell ha mostrado su compromiso al activar ayudas de 5,3 millones de euros para cultivos afectados, beneficiando a 500 agricultores en más de 1,500 hectáreas. Asegura que la Generalitat ha movilizado cerca de 70 millones de euros para recuperar el 100% de la capacidad agraria y ganadera de la Comunitat Valenciana, demostrando así el apoyo del Consell frente a la supuesta falta de respaldo del Gobierno central.
