La Diputación de Castellón reclama al Gobierno central la protección de la autonomía local y el uso de recursos propios
La Diputación de Castellón ha manifestado su intención de exigir al Gobierno de España que resguarde la autonomía local y permita a las administraciones emplear sus recursos en inversiones. La institución ha promovido una moción para que se apruebe en el próximo pleno, solicitando al Ejecutivo central que modifique la normativa vigente y abra paso al uso de recursos propios en servicios y mejoras que beneficien al público.
Marta Barrachina, presidenta de la Diputación, ha expresado su preocupación afirmando que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado afecta a la estabilidad financiera de las administraciones locales y, en última instancia, perjudica a la ciudadanía al complicar la gestión de servicios públicos. Barrachina resalta que la Diputación defiende la gestión local y considera inaceptable que decisiones arbitrarias impidan el uso del superávit en beneficios para los municipios.
La moción que se analizará el martes 22 de abril denuncia que la decisión del presidente Pedro Sánchez de no presentar los Presupuestos Generales para 2025 perjudica directamente al manejo de servicios en ciudades y pueblos. Según la corporación provincial, los ayuntamientos recibirán 1.200 millones de euros menos debido a la disminución de las entregas a cuenta, que dejan de ser el prometido 13% adicional. Asimismo, se reprocha a María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, la limitación del uso del superávit, relegándolo al pago de deudas en lugar de permitir inversiones sostenibles a nivel local, a pesar de que algunos ayuntamientos están libres de deuda.
Barrachina ha criticado las consecuencias negativas para la provincia y ha reiterado que el Gobierno niega no solo las inversiones, sino también la autonomía local al imponer cómo se deben utilizar los recursos propios. Con la moción, la Diputación busca que el Gobierno revise la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que las entidades locales puedan usar sus ahorros según sus necesidades.
La propuesta insta al Gobierno a aplicar medidas legislativas que aseguren la recepción urgente de las entregas a cuenta anunciadas en la Comisión Nacional de Administración Local el pasado julio, reclamando un total de 28.935 millones para 2025. Además, se solicita la convocatoria urgente de la Comisión Nacional de Administración Local.
