El Ayuntamiento de Valencia ha dado luz verde a una de las normativas más estrictas en España para controlar la proliferación de apartamentos turísticos en los barrios de la ciudad. Así lo establece el acuerdo del pleno municipal aprobado este miércoles, con el respaldo del equipo de gobierno y la oposición de Compromís y PSPV, que someterá a exposición pública, durante 45 días, la modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia. Las nuevas regulaciones afectan los usos terciarios hoteleros.
Juan Giner, concejal responsable del Área de Urbanismo, Vivienda y Licencias, destacó que este paso refleja la intención del gobierno municipal de limitar este tipo de alojamientos. Durante el debate, el portavoz del PSPV, Borja Sanjuan, criticó la propuesta, argumentando que debería abarcar todos los barrios y que, en su forma actual, permite la apertura de 6.000 nuevos apartamentos. Sanjuan afirmó que este tipo de acuerdos benefician a quienes ven a Valencia como una ciudad en venta. Por otro lado, la portavoz de Compromís, Papi Robles, señaló que la normativa permitirá aumentar las plazas turísticas, incluso con hoteles de lujo en zonas como Ciutat Vella ya saturadas. Robles lamentó que los residentes compiten tanto con las viviendas turísticas como con edificios enteros que expanden la oferta hotelera.
Giner afirmó que la normativa pretende cerrar la puerta a los apartamentos turísticos mediante restricciones destinadas a mantener el equilibrio turístico en los barrios. Demandó “rigor” en los datos presentados por la oposición y subrayó que el gobierno aborda el problema de forma integral y restrictiva, defendiendo un modelo de ciudad que priorice a los vecinos y el comercio local.
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, concluyó el debate defendiendo los logros de su administración en materia de vivienda. Catalá resaltó la entrega de más de 1.000 viviendas de protección oficial en el último año y medio, y el incremento de inspecciones y cierres de actividades turísticas no registradas.
La normativa ahora se encuentra en fase de exposición pública tras su correspondiente tramitación y aprobación ambiental. Su aplicación incluye controles para lograr un equilibrio sostenible en la oferta de apartamentos y plazas hoteleras. Entre las medidas se encuentra la prohibición de nuevas plazas turísticas en distritos que ya superen el 8% de plazas turísticas frente al número de vecinos empadronados. Para preservar el uso residencial, el número de viviendas y apartamentos turísticos no podrá superar el 2% del total de residencias en cada barrio. Esto contrasta con la administración anterior, que permitía hasta un 10% en el Cabanyal.
Además, se busca proteger el comercio al limitar al 15% los locales en viviendas que pueden destinarse a viviendas turísticas, asegurando que el 85% restante se destine a otros usos terciarios.
Por otro lado, el pleno rechazó la creación del nuevo Consejo Local de Inclusión y Derechos Sociales, con 15 votos en contra del Grupo Compromís y el Grupo Socialista, y la abstención de los 4 miembros del Grupo Vox. Los 13 votos del Grupo Popular no fueron suficientes para aprobar el reglamento. La iniciativa de la Delegación de Servicios Sociales pretendía adaptar la estructura de participación social a la normativa vigente de servicios sociales inclusivos en la Comunitat Valenciana.
