La jueza a cargo del caso de la dana declara que los alcaldes “se vieron sorprendidos” y no contaron con “información precisa”
La jueza responsable del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, en Valencia, que investiga la gestión de la dana que cobró la vida de 228 personas, afirma que los alcaldes de las localidades afectadas “se vieron sorprendidos” debido a la falta de información precisa. Esto se refleja en una de las últimas resoluciones del tribunal, facilitadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que desestima la acción penal contra el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón. Una denuncia presentada por las hijas de una víctima acusaba al alcalde de no evacuar a la fallecida de su hogar, a pesar de que estaba cerca de un instituto que fue cerrado, y de no alertar a los vecinos a pesar de las intensas lluvias en Utiel.
La jueza Nuria Ruiz Tobarra subraya que el caso se centra en el retraso en avisar a la población, a pesar de que se disponía de suficiente información por parte de las autoridades autonómicas encargadas de la protección civil. Señala una diferencia fundamental en las responsabilidades entre la Administración Local y la Autonómica en cuanto a emitir alertas y adoptar medidas de autoprotección, debido a la gestión y el conocimiento de información sobre emergencias.
Además, la jueza señala que el manejo fragmentario de la información por parte de los ayuntamientos, en contraste con la Administración Autonómica, que contaba con múltiples canales de información y recursos, impidió atribuir responsabilidades a los alcaldes, quienes no recibieron la información necesaria ni recomendaciones específicas sobre las acciones a tomar. También descarta la atribución indiscriminada de responsabilidad penal por los fallecimientos a autoridades o funcionarios públicos, especialmente a nivel local.
Se ha decidido citar al alcalde de Utiel como testigo, al igual que al alcalde de Algemesí y a tres funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ante la solicitud de una acusación popular. En otra resolución, se rechazan varias investigaciones solicitadas, salvo la citación del jefe de Climatología de Aemet como testigo.
Una tercera resolución deniega la petición de una acusación particular para obtener informes del Departamento de Seguridad Nacional fechados el 29 de octubre de 2024, por considerar esta diligencia innecesaria. La jueza reitera que durante la catástrofe no se declaró la emergencia nacional ya que se consideró, tanto a nivel autonómico como central, que no era procedente, y que esta declaración no era necesaria para alertar a la población.
Además, en un cuarto auto, se rechaza un recurso de reforma presentado por una acusación popular que solicitaba identificar los vehículos oficiales utilizados por el ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, y otros funcionarios entre el 29 y 30 de octubre del año pasado. Finalmente, se niega una solicitud para que el Instituto de Medicina Legal de Valencia examine posibles patologías psíquicas de las víctimas, al considerar que ya se está realizando un examen exhaustivo. También se desestima la obtención de llamadas de emergencia y el análisis de una supuesta fotografía falsa del ‘president’ Carlos Mazón debido a que la imagen no fue aportada en el procedimiento.
