Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, ha destacado el proyecto de construcción de 67 viviendas protegidas destinadas a alquiler asequible en Gandia, Valencia, impulsado por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) y al que se han presentado 14 empresas. Según Mazón, este proyecto es “un ejemplo de que este Consell cumple con una de las prioridades de la sociedad”.
El presidente ha enfatizado que el Ejecutivo valenciano “avanza con hechos, realidades y una voluntad firme en la legislatura de la vivienda”, después de ocho años en los que, asegura, el anterior gobierno no pudo atender las necesidades en esta área.
Para Mazón, esta iniciativa representa “un claro ejemplo del compromiso de ofrecer vivienda pública, protegida y asequible adaptada a las necesidades de las familias, jóvenes y colectivos vulnerables”. El presidente destacó que el “desbloqueo” de esta iniciativa en Gandia “pone fin a la dejadez del anterior gobierno autonómico”, refiriéndose a que el Botànic no había avanzado significativamente desde que se adjudicó un anteproyecto en 2022.
Ahora, el avance del proyecto es posible gracias a un cambio en la fórmula de promoción para cumplir con los requisitos de eficiencia energética y obtener financiamiento mediante fondos europeos, además de la inversión propia de la Generalitat. El proyecto cuenta con un presupuesto de licitación de 10,5 millones de euros, y se suma a otra iniciativa en Gandia que prevé desarrollar 37 viviendas de protección pública mediante permuta.
Mazón también ha resaltado el Plan Vive, cuyo objetivo es movilizar el suelo público para construir vivienda protegida tanto de promoción pública como privada. En poco más de un año, se ha adjudicado la construcción de 221 viviendas, se ha licitado la edificación de más de 1.600, y se espera tener más de 2.000 en ejecución a lo largo del año, según el presidente, quien subrayó la colaboración público-privada en estas acciones.
En el ámbito fiscal, el presidente comentó la bonificación del 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y la reducción del 25% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para menores de 35 años y colectivos vulnerables. Estas medidas han beneficiado a más de 22.000 declarantes, especialmente jóvenes. Además, se ha reducido un 10% el ITP para todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana que compren una vivienda y se ha disminuido el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
El programa de garantías del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ha facilitado el acceso al crédito a jóvenes, aprobando 714 operaciones con un importe avalado superior a los 8,8 millones de euros, beneficiando a más de 1.000 personas.
Mazón también ha mencionado la simplificación administrativa para agilizar la tramitación de licencias y la introducción del decreto de Vivienda de Protección Pública (VPP), que incluye una reserva mínima del 40% para jóvenes menores de 35 años.
Asimismo, ha destacado las ayudas al alquiler, que por primera vez en 2024 llegaron al 100% de los solicitantes, y el incremento de nueve millones de euros en el Bono Alquiler Joven, permitiendo aumentar un 40% el número de beneficiarios. Para 2025, el Consell ha convocado 22,8 millones de euros en ayudas del Bono Alquiler Joven. La Generalitat también ha aumentado en un 61% la ayuda para que los jóvenes puedan adquirir una vivienda en municipios de 10.000 habitantes.
La promoción de 67 viviendas en Gandia, sobre un solar en la esquina de las calles Montdúver 60 y Gabriel Miró frente al Palacio de Justicia, utiliza una superficie de 1.932 metros cuadrados con edificación aproximada de 7.000 m2, incluyendo áreas comunitarias, una planta baja con cuatro plazas de aparcamiento y un sótano con 59 plazas más, integrándose en el parque público de la Generalitat. El proyecto se financiará con 7.793.373 euros de la Generalitat y 2.721.894 euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation UE.
Finalmente, la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha licitado la construcción de 37 viviendas de protección pública mediante permuta en una parcela titularidad de la Generalitat, para la cual se han presentado tres ofertas actualmente en evaluación.
