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Morant: “El Gobierno busca detener la expansión de universidades de baja calidad, que son meramente un negocio”
Valencia
Diana Morant, ministra de Ciencia y Universidades, afirmó este jueves que el Gobierno pretende frenar el crecimiento de las llamadas “universidades de garaje”, caracterizadas por su baja calidad y su modelo de negocio impulsado por fondos de inversión. La ministra subrayó que se exigirá que los nuevos centros educativos cumplan con garantías de calidad.
Estas declaraciones fueron hechas por Morant antes de la reunión del Consejo General de Política Universitaria (CGPU) en Paterna, donde propuso una nueva disposición transitoria que afectaría a diez universidades privadas que han solicitado su creación o reconocimiento, ninguna de las cuales está en la Comunitat Valenciana.
La nueva medida requerirá que las universidades obtengan la aprobación de la ANECA o de la agencia de calidad correspondiente en su comunidad autónoma. “Para defender la universidad de calidad, hemos promovido un real decreto que será discutido con las comunidades autónomas, con el fin de detener la extensión de universidades de baja calidad que funcionan como negocios”, reiteró Morant.
Morant señaló que, en la última década, mientras ha aumentado la matriculación de mujeres y estudiantes de clase trabajadora, el crecimiento de la universidad pública se ha limitado al 2%, en contraste con un aumento de más del 100% en la privada. Esto, indicó, refleja una falta de apoyo al papel de la universidad como ascensor social.
La ministra recordó que las comunidades autónomas tienen la competencia de aprobar nuevas universidades y que, en años recientes, algunas regiones lo han hecho incluso con informes de calidad negativos.
Además, Morant enfatizó la importancia de aumentar la financiación para que las universidades públicas puedan ofrecer más plazas y no obliguen a los estudiantes a asumir deudas. En España, el 30% de la matrícula universitaria se da en instituciones privadas, el doble que en países como Alemania, lo que, según Morant, constituye una anomalía.
Los diez informes pendientes de universidades privadas involucradas son: dos en Madrid, tres en Extremadura, tres en Aragón y uno en Baleares y Canarias.
