El Gobierno apoya el Corredor Verde frente a una movilidad contaminante
El Ejecutivo respalda una ciudad más sostenible y busca eliminar la fractura ferroviaria que tradicionalmente ha dividido los barrios del sur de Valencia mediante una solución equitativa. Así lo comunicó Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, en una reunión con Mª José Broseta, presidenta de la Federación Vecinal de Valencia, y representantes de asociaciones vecinales de Abastos, la Petxina, la Roqueta, Patraix, San Marcelino, Malilla, Tres Forques, Cuidem la Raïosa e Iturbi.
Bernabé subrayó el compromiso del gobierno central con el Corredor Verde frente a aquellos que promueven una movilidad del siglo XXI llena de contaminación. Recordó el reciente acuerdo del Consejo de Administración de Valencia Parque Central para actualizar el proyecto del bulevar García Lorca con un enfoque sostenible, incorporando la perspectiva climática, de género y consultas ciudadanas, como garantía frente a decisiones unilaterales.
El modelo defendido por el Gobierno de España no se limita al urbanismo, sino que también prioriza la salud. Según estudios internacionales, las áreas con alta vegetación urbana pueden reducir hasta un 20% las enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Bernabé destacó que Valencia no debe perder esta oportunidad histórica de crear nuevos espacios verdes, como se logró en los años 80 con el antiguo cauce del Turia.
En cuanto a las inversiones, la delegada señaló que José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, ya adelantó que, al concluir las obras del Canal de Acceso, la inversión alcanzará los 941 millones de euros. Además, se proyectan dos inversiones adicionales: la nueva Estación Central, con más de 1.000 millones de euros, y la ampliación del eje pasante hasta Albuixech. Estas actuaciones implicarán una inversión total en Valencia cercana a los 2.500 millones de euros, a la que se suman casi 1.000 millones de euros del Canal de Acceso, totalizando una inversión de 3.500 millones de euros, de los cuales el Estado aportará 3.000 millones.
