La jueza que lleva el caso de la dana solicita a Emergencias la identificación de los redactores del Es-Alert y su formación
La magistrada ha autorizado la participación en la causa de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) como acusación popular.
VALENCIA, 30 de mayo – La jueza al frente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja (Valencia), responsable de la investigación por la muerte de 228 personas durante la dana del 29 de octubre de 2024, ha requerido a Emergencias de la Generalitat Valenciana que identifique a las personas acreditadas para elaborar y validar el mensaje de alerta a la población y detalle la formación recibida por dichas personas.
En el contexto del proceso, la jueza ha emitido cuatro nuevos autos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
En el primer auto, a solicitud de la acusación popular del partido Ciudadanos, la magistrada dispone que la Conselleria de Emergencias identifique a quienes estaban acreditados para redactar y validar mensajes de Es-Alert el 29 de octubre de 2024, y comunique la formación recibida y quiénes de ellos trabajaban ese día.
La resolución hace alusión a información ya incluida en el proceso y a testimonios obtenidos, respecto a quiénes emitieron alertas a la población el día en cuestión. La jueza subraya que lo importante no era el medio empleado —como un mensaje a los móviles— si se basa en los argumentos presentados por la investigada Salomé Pradas. Resalta que lo crítico era asegurar que el mensaje alcanzara a la población de manera efectiva y desde una fuente autorizada que garantizara la seriedad de la situación de emergencia. El mensaje de las 20:11 advertía sobre la atención a futuros avisos, que también podrían proceder de fuentes oficiales, redes sociales como X, X@GVA112, y la televisión pública valenciana À Punt.
Añade que no sólo esos medios podían transmitir un mensaje crucial para salvaguardar a la población, pues canales generalistas, radios, prensa, o medios de comunicación en general, podrían haber cumplido esa función, aunque esto nunca ocurrió.
En el segundo auto, se rechaza una solicitud de prueba de una acusación particular que pretendía incorporar el informe anual de la presa de Forata de 2023 y, en su caso, el de 2024, dado que ya existen informes de esas infraestructuras en la causa y la solicitud es considerada redundante.
Asimismo, se recuerda que la Guardia Civil está recopilando una cronología de los hechos y que la presa mencionada se encuentra en una cuenca distinta a donde ocurrió el fallecimiento relacionado con la acusación particular, por lo que el informe solicitado no esclarecería las circunstancias de la muerte.
El tercer auto desestima el recurso de reforma interpuesto por Acció Cultural del País Valencià contra la negativa de solicitar a la Generalitat información sobre los teléfonos móviles oficiales de los investigados, reiterando que dicha prueba compromete el secreto de las comunicaciones, un derecho que sólo puede ser vulnerado ante sospechas de delitos dolosos.
Finalmente, en el cuarto auto, la magistrada autoriza la participación de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) como acusación popular, bajo la condición de depositar una fianza de 6.000 euros en un plazo de diez días hábiles.
