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La juez solicita datos a la CHJ sobre un “aforo fantasma” no reportado tras la dana
Avanzan las indagaciones sobre la dana. La jueza encargada de investigar la gestión política de la emergencia ha emitido varias resoluciones. En una de ellas, a pedido de la defensa de la exconsellera de Justicia e Interior involucrada en el caso, la magistrada solicita a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) información sobre un punto de control en el barranco del Poyo, un listado de alertas emitidas para el río Magro el 29 de octubre y la identificación de los trabajadores presentes esa tarde en el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH).
Es la segunda vez que la jueza acepta las diligencias solicitadas por la defensa de la principal investigada. El barranco del Poyo, que inicia en Chiva y atraviesa gran parte de l’Horta Sud, fue clave en la catástrofe. La exdirigente popular solicitó que un técnico tuviera acceso a los datos registrados por los sensores de caudal del 29 de octubre en la Rambla del Poyo. La defensa busca encargar un informe pericial a un experto de su confianza o solicitar a la jueza que lo realice. Finalmente, la serie de diligencias incluía la petición de datos del punto de control “Poyo-Massanasa”. Este dispositivo, al que la CHJ minimizó en cuanto a labores de vigilancia, detectó una primera crecida a las 14:50 horas, cuando el barranco pasó de no tener agua a medir más de un metro y medio. La segunda ocurrió a las 18:20 horas, y en los siguientes 10 minutos, el nivel subió de 80 centímetros a 4,91 metros.
La jueza también instruye que se emita un oficio a la Policía Judicial de la Guardia Civil para que aporte al proceso la grabación de una llamada registrada en el sistema Coordcom del Centro de Coordinación de Emergencias. Esta plataforma, similar a una caja negra, fue mencionada por un responsable del centro durante su testimonio, en el que supuestamente un pronosticador de la Aemet indicó que las lluvias “se dirigirían hacia la serranía de Cuenca”. La magistrada rechaza otras diligencias por considerar que no están relacionadas con la investigación, como el testimonio del secretario autonómico de Medio Ambiente de la Generalitat, o porque los datos ya constan en el expediente.
Por otro lado, en un segundo auto, la magistrada ha decidido, a raíz de la solicitud de una acusación popular, pedir a la Conselleria de Emergencias de la Generalitat y al Consorcio Provincial de Bomberos información sobre la movilización de bomberos forestales el 29 de octubre para vigilar el río Magro, el barranco del Poyo, el puente de Carlet, así como las áreas de Torrent, Picanya y Paiporta. Esta diligencia surge tras el testimonio de una jefa de Emergencias que, sin tener conocimiento directo de dicha orden, la descubrió al solicitar un informe a Emergencias para preparar su declaración. Se solicita también un convenio de colaboración entre la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) y el Consorcio de Bomberos de 2024, para determinar el grado de dependencia de los efectivos de extinción respecto a la Agencia o si las decisiones las toma de forma autónoma el responsable de Bomberos. Finalmente, se solicita al Consorcio que provea un informe sobre el momento en que se iniciaron los primeros rescates por la dana el 29 de octubre y cuántos se realizaron hasta las 15 horas, además de citar a un miembro de su plantilla a declarar como testigo.
