La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha expresado su firme oposición al desarrollo de un real decreto ley para la distribución de menores no acompañados. Según explicó, este decreto busca cargar a las comunidades autónomas con responsabilidades en materia migratoria sin proporcionar los recursos necesarios ni atender las necesidades de los jóvenes, tratándolos como mercancía. Durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, Camarero afirmó que el Gobierno de España no puede seguir desatendiendo a las autonomías. Once comunidades autónomas han presentado recursos de inconstitucionalidad contra la normativa por considerar que invade sus competencias.
Camarero también criticó la falta de diálogo, la manipulación de datos por parte del Ministerio de Juventud e Infancia y la falta de financiación adecuada para enfrentar la creciente presión migratoria que ya está desbordando el sistema autonómico de protección de menores. La consellera señaló que la Comunidad Valenciana ha recibido cinco pateras con once menores no acompañados en la última semana, quienes están siendo atendidos con recursos propios.
En 2024, la Comunidad Valenciana atendió a más de 900 menores, lo que llevó a que la red de acogida funcione al 160 % de su capacidad para atender a menores migrantes. Aunque se aumentaron las plazas un 62 % hasta llegar a 317, con un refuerzo presupuestario de más de 9 millones de euros, el Gobierno central apenas ha destinado 1,2 millones de euros a la comunidad. El coste anual del sistema de protección de menores no acompañados supera los 23 millones de euros.
Camarero advirtió que el sistema sigue bajo presión y carece de medios, personal y plazas suficientes para asumir nuevas responsabilidades impuestas por el Estado. Criticó que el Gobierno central imponga criterios sin consenso y utilice datos erróneos, confundiendo menores tutelados con no acompañados. Según la vicepresidenta, esto refleja una falta de rigor y lealtad institucional.
Para Camarero, la solidaridad no puede imponerse sin considerar la realidad de cada territorio. Afirmó que la Comunidad Valenciana ya ha cumplido con su parte, pero no puede aceptar un modelo que use a los menores como herramienta política. Según la vicepresidenta, el Gobierno central, incapaz de gestionar la llegada de menores migrantes, evidencia no solo deslealtad con las comunidades, sino también una falta de coordinación y eficacia para abordar una crisis migratoria originada por la ausencia de una política migratoria adecuada.
Finalmente, Camarero lamentó que el Gobierno central asfixie económicamente a la Comunidad Valenciana al no proporcionar el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) de los últimos 12 años, ni recursos a fondo perdido para la reconstrucción. Además, advirtió que el sistema de protección de menores está al borde del colapso y que repartir más menores a la comunidad solo agravará la situación actual.
