**La Asociación de Fiscales impugna el decreto de la fiscal jefa en Valencia por restricciones en la huelga**
La fachada principal de la Ciudad de la Justicia en Valencia. Foto: Efe/Ana Escobar
Las asociaciones judiciales han calculado un seguimiento del 75% del paro, mientras que el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado no proporcionan información al respecto.
La huelga de jueces y fiscales se lleva a cabo en un entorno de semiclandestinidad después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado (FGE) determinaran que el colectivo carece de ese derecho. Según el Poder Judicial, no existe una base legal para llevar a cabo el paro. La FGE, por su parte, dejó la supervisión y comunicación de cualquier eventualidad a las delegaciones territoriales.
Los convocantes, que incluyen a todas las asociaciones de jueces y fiscales, excepto las organizaciones progresistas, defienden que se trata de un derecho fundamental del que no se puede privar a los profesionales de la magistratura. Sin embargo, no existen cifras oficiales, ya que la FGE no ofrece datos, aunque sí debe registrar los correos de aquellos fiscales que expresan su intención de participar en la huelga.
En Valencia, el decreto de la fiscal provincial es especialmente restrictivo para la protesta. Se ha indicado que cualquier incidencia se reportará a la Inspección Fiscal, aconsejando a los compañeros que hagan una evaluación “sensata y responsable” de las situaciones que sus decisiones puedan generar en los juzgados, sobre todo en aquellos que no participen en la huelga. Esta interpretación ha suscitado indignación y ha llevado a la conservadora Asociación de Fiscales a presentar un recurso. Pilar Tomás, fiscal jefa, se identifica con el sector progresista.
El propósito de la Fiscalía es evitar perjudicar al ciudadano a través del aplazamiento o suspensión de actos judiciales, así como postergar la atención inmediata de casos.
Cabe recordar que en 2018, durante el gobierno de Pedro Sánchez, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) se reunió con el Ministerio de Justicia y emitió un comunicado en el que celebraban que el gobierno había reconocido finalmente el derecho a la huelga, considerando esto un avance y discutiendo incluso la posibilidad de establecer servicios mínimos ante una futura protesta. Sin embargo, siete años después, esta situación ha perdido validez.
