La Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia (FAAVV) ha expresado su descontento respecto a la propuesta del Ayuntamiento de Valencia que facilitaría la legalización de más de 4.000 apartamentos turísticos actualmente operativos. Según María José Broseta, presidenta de la FAAVV, “la vivienda de uso turístico y la vida residencial son incompatibles, y no debemos permitir que este problema se institucionalice y siga en aumento”.
La federación argumenta que hasta el momento, los apartamentos turísticos son incompatibles con las viviendas residenciales, según lo estipulado por el PGOU de Valencia. Este plan establece que las actividades turísticas deben ubicarse por debajo de las residenciales, un criterio respaldado por varias sentencias judiciales que las consideran una actividad terciaria hotelera.
Sin embargo, el Ayuntamiento está modificando el PGOU para eliminar dicha incompatibilidad, lo que, en opinión de la Federación, legalizaría más de 4.000 viviendas que deberían regresar a un uso residencial. Afirman que esta acción del gobierno municipal “legaliza un factor que está desequilibrando el acceso a la vivienda”.
Broseta denuncia que, en vez de enfrentar el alojamiento turístico ilegal, el Ayuntamiento busca redefinir el término “Terciario Hotelero” para legalizar estas viviendas. Son propiedades que podrían aliviar el saturado mercado de arrendamientos de larga estancia, ya que equivalen a duplicar la oferta actual en portales como Idealista.
La FAAVV ha presentado sus alegaciones contra esta iniciativa y no descarta la posibilidad de movilizaciones para defender el acceso a la vivienda y la convivencia. Broseta critica que mientras Barcelona planea acabar con las licencias para viviendas turísticas en 2028, en Valencia se busca su legalización y generalización.
Finalmente, Broseta exige que el Ayuntamiento no solo regule a futuro, sino que también devuelva la tranquilidad a los barrios y restituya las viviendas a su uso residencial. Considera necesario limitar la capacidad de alojamiento turístico, pero no a costa de legalizar lo que ahora afecta gravemente a la vivienda residencial.
